ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Aragón ha autorizado, en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de reparto de los menores migrantes no acompañados, aún por convalidar en el Congreso de los Diputados, y ha avanzado que recurrirá también “todos los actos administrativos” que deriven de su aplicación, aunque no serán “insumisos”.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, quien ha recalcado que “nunca” han incumplido una ley. “No nos consideramos ni vamos a ser insumisos”, ha remarcado.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha señalado que el primer acto administrativo que recurrirán es el envío al Gobierno de España del número de menores que tiene acogidos cada Comunidad, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo y todavía no han facilitado el dato. “Mientras no sepamos cómo hace Cataluña esas cuentas, el resto de Comunidades Autónomas, obviamente, no podemos hacer nuestros cálculos”, ha remachado, a la vez que ha pedido que “las reglas de juego sean uniformes para todos” y “homogeneizar los criterios”.
Vaquero ha criticado que el decreto ley, pactado entre el Gobierno central y Junts, hable de “medidas urgentes” cuando “las únicas urgencias son las urgencias personales, las urgencias políticas, las urgencias territoriales del presidente del Gobierno”.
Asimismo, ha considerado “cínico” que se hable del interés superior del menor “cuando el único interés que prima es el del señor Sánchez por conseguir el acuerdo con los independentistas y mantenerse un poco más en la Moncloa”.
Además, el pacto con Junts sigue un criterio “puramente xenófobo”, ha aseverado. “Aquí lo que está claro es que el Gobierno catalán lo que está diciendo es que no quieren estos menores no acompañados”, ha apostillado.
REPARTO “INDISCRIMINADO” DE MIGRANTES
En su opinión, con la solución propuesta, el Gobierno de España “despliega a todos los inmigrantes de una forma indiscriminada a las Comunidades Autónomas sin tener en cuenta cuestiones claramente humanitarias”.
La portavoz ha defendido la necesidad de recurrir al TC ante un reparto que “vuelve a dinamitar el principio de igualdad, el principio de solidaridad” y que no tiene en cuenta el interés de los menores ni la necesidad de que este tipo de acuerdos se tomen previamente en la Conferencia Sectorial de Inmigración, “como siempre se ha hecho”, así como disponer de los recursos necesarios para la acogida.
En cuanto al resto de recursos, ha aseverado que presentarán “todos los recursos judiciales que sean necesarios para recurrir los actos administrativos que deriven de la aplicación de este real decreto ley”, con las medidas cautelares “que sean necesarias” contra “todos y cada uno” de ellos.
La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha añadido que “no se está atendiendo la cuestión humanitaria” y que, “por encima de todo, lo que vemos es que, una vez más, el presidente Sánchez ha decidido poner precio a todos estos menores”, que es “el precio que paga por el peaje de mantenerse en la Moncloa”.
ARAGÓN “NO VA A COLABORAR”
“Desde luego, no vamos a colaborar con una medida que consideramos que es totalmente lesiva para los intereses de los menores y que va en contra también de cualquier principio de legalidad y solidaridad”, ha agregado la titular de Bienestar Social y Familia.
Con respecto a cómo aliviar la presión en los servicios de acogida en Canarias o Ceuta, la vicepresidenta aragonesa ha remarcado que estas competencias corresponden al Gobierno de España, que ha demostrado que “no tiene absolutamente ningún tipo de política migratoria” y “ha arrastrado a las Comunidades Autónomas a asumir unas competencias que no tienen en unas condiciones muy complicadas”.
“Tiene que ser el Gobierno de España el que planifique, el que piense cómo afrontar esta crisis migratoria”, ha remachado, tras criticar que “es imposible llegar a acuerdos” en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
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