ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha participado este jueves en la reunión plenaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que ha tenido lugar este jueves por la mañana en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid.
En este foro las Comunidades Autónomas han recibido información por parte del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy sobre el Anteproyecto de Ley por el que pretenden modificar el texto refundido de la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de dependencia.
Sobre esta reforma, y como condición previa para abordar cualquier cuestión relacionada con su tramitación, Carmen Susín ha defendido ante el pleno y sus participantes que el Gobierno de España debe comprometerse “con cifras y un cronograma ajustado” a “cumplir con la financiación que le corresponde por Ley” y también presentar “una memoria económica real y suficiente” que acompañe la norma.
“Si la reforma no conlleva una mejora de la financiación por parte del Estado, que no está cumpliendo siquiera con el 50% de la dependencia que contempla la norma ahora mismo, será otro ejemplo de esos ‘derechos de papel’ que tanto gustan a las izquierdas”, ha lamentado la Consejera.
“Las Comunidades Autónomas, y también Aragón, estamos sosteniendo las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia mientras el Gobierno sigue sin cumplir con ese 50% de la financiación que le corresponde”, ha reiterado.
De hecho, el Real Decreto 675/2023, por el que se regulan las prestaciones para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya se implementó sin la financiación necesaria, tal y como ha denunciado Susín en varias ocasiones: se establecieron nuevos servicios y otros se ampliaban y han sido las CCAA las que han costeado todas las iniciativas desde el primer momento, como la mejora y flexibilización de las condiciones de acceso a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), ya en vigor en Aragón.
Los últimos datos certificados, correspondientes al año 2023, el gasto total de Aragón en el sistema público de atención a la dependencia fue de 291.785.487,78 millones de euros; la certificación de gasto de 2024, todavía en proceso de cálculo, apunta a una subida histórica de la inversión de la Comunidad, por encima de los 310 millones de euros.
De vuelta a la certificación ya acreditada, correspondiente a 2023, la suma total de la aportación del Estado fue de 98.285.128,24 millones de euros –el 33,68% de esos 291 millones– y la Comunidad Autónoma sufragó el 66,32% restante, equivalente a 193.500.359,54 millones de euros. Esto significa que Aragón aporta algo más de 3 de cada 5 euros para sostener el SAAD en la Comunidad, lejos de ese 50%-50% que marca la Ley.
Por otro lado, la mejora del nivel acordado –congelado desde 2023 por la prórroga de los PGE– que el Estado ha esgrimido en varias ocasiones como argumento de mejora de la financiación está vinculada a una serie de objetivos que, de no cumplirse, penalizan a las CCAA.
De hecho, si Aragón ha visto incrementado ese nivel acordado hasta 39,9 millones en 2024 ha sido por haber llevado a cabo una gestión sostenible y eficaz de los recursos de la dependencia, lo que ha permitido cumplir los objetivos y además recuperar el nivel de inversión que el Ejecutivo de Lambán había recortado en 2021.
En todo caso, la paradoja que alimenta el Estado en torno al nivel acordado tiene como resultado que las Comunidades Autónomas más cumplidoras pierden margen para financiar sus sistemas cada vez que mejoran –y por tanto, se encarecen– las prestaciones y servicios con los que proveen a las personas dependientes.
También el acuerdo del Consejo Territorial sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD hace que las CCAA firmantes hayan de realizar inversiones y actuaciones que tampoco se ven compensadas económicamente por el Gobierno de España.
Por todo ello, la postura de Aragón en este Consejo Territorial ha sido de denuncia ante lo que, en palabras de Carmen Susín, vuelve a ser “una Ley que el Estado no va a acompañar de recursos para hacerla realidad y de la que las CCAA van a ser, de nuevo, las principales paganas”.
“El Gobierno de España ya está amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia, porque se niega a cofinanciarlo, y pretende seguir asfixiando a quienes sí estamos cumpliendo por encima de lo que nos corresponde”, ha lamentado la Consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
En esta reunión se han fijado además los criterios de distribución territorial y las cuantías resultantes entre las Comunidades Autónomas –excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra y las ciudades de Ceuta y Melilla– del crédito para financiar en 2025 el Programa de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil, las prestaciones básicas de servicios sociales y el Plan de Desarrollo Gitano.
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