SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una PNL en demanda de la finalización del apeadero intermodal de La Negrilla y la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla; “eternas asignaturas pendientes que dificultan la calidad de la vida y el movimiento económico” en la ciudad.
“La inversión de infraestructuras por parte del Estado supone una pieza fundamental para el desarrollo económico y social. Y la realidad es que no se ha desarrollado una red de infraestructuras en Sevilla como corresponde a su entidad”, afirma Romero, poniendo de relieve “la falta de conexión efectiva entre la línea C-4 de Cercanías y la Línea 1 de Metro de Sevilla”.
Demanda así, como ya hiciera hace más de un año el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, la construcción del intercambiador Cercanías-Metro en la variante ferroviaria de la Negrilla, a la altura de la estación Guadaíra de la línea 1 del metro, muy próxima a la Universidad Pablo de Olavide, sobre la plataforma ya levantada pero en desuso.
La diputada sevillana recuerda que “el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 2006 ya contemplaba la creación de un intercambiador en la zona de La Negrilla y los terrenos necesarios para su construcción ya están expropiados y son de dominio público”, extremo que sigue pendiente.
“La terminación del apeadero intermodal en la variante ferroviaria de La Negrilla a la altura de la estación de Guadaíra es una necesidad urgente que no puede seguir postergándose. Hay que conectar directamente Cercanías y Metro, facilitando el acceso al centro de la ciudad y reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento. Es una demanda histórica de los vecinos de Sevilla y de su área metropolitana, quienes llevan años reclamando soluciones eficaces para mejorar el transporte público”.
Además, Romero ha pedido acometer ya la demandada conexión ferroviaria entre la Estación de Sevilla-Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, reflejo de la inacción del gobierno, que en marzo de 2023 contrataba un estudio previo por 642.000 euros IVA incluido y un plazo máximo de ejecución de 18 meses.
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