SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El abogado José Antonio Sires ha informado este miércoles de que un grupo de vecinos de la barriada del Cerro del Águila de Sevilla, constituidos en la plataforma Voces del Cerro, ha contratado los servicios de su despacho para ejercer acciones judiciales contra la instalación en la zona de uno de los dos centros “resilientes” planeados por elñ Ayuntamiento hispalense, para acoger a mujeres víctimas de violencia machista y de trata de seres humanos y personas mayores dadas de alta en hospitales y sin “lugar a dónde volver”.
Así, mientras recientemente el edil de Derechos Sociales y Barrios de Atención Preferente del Ayuntamiento de Sevilla, el popular José Luis García, defendía que los dos nuevos centros “resilientes” siguen un modelo “completamente diferente” al concepto de albergue de transeúntes de la Macarena, el colectivo de vecinos avisa del uso de “eufemismos” para “confundir a la opinión pública”.
“Es objetivamente reseñable que el albergue actual ha causado una degradación del barrio de la Macarena: inseguridad, suciedad, ruido y conflictos vecinales, entre otros. Este traslado producirá un efecto similar al barrio del Cerro del Águila, aumentado si cabe, por la cercanía del Polígono Sur y otras zonas desfavorecidas de la ciudad y por ende condenaran al barrio a venideras décadas de fuentes de conflictos”, señalan estos vecinos a través de su abogado.
Así, la plataforma muestra su “rechazo” a los planes municipales, asegurandop que trabajara “contundentemente para que este proyecto decaiga”.
Según el Ayuntamiento, estos centros, a instalar en suelos municipales de la avenida José Galán Merino de San Jerónimo y de la calle Portobelo del Cerro del Águila, contarán con capacidad para 25 personas pero dado que cinco de sus camas están estarán destinadas a personas con problemas de movilidad, lo más probable es que normalmente acojan a unas 20 personas.
Uno de ellos acogerá principalmente a mujeres víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos y el otro a personas mayores de 65 años dadas de alta de hospitales y “sin tener a dónde ir” por sus “ínfimas pensiones”.
Según el gobierno local, no tendrán sus “puertas abiertas”, sino que serán centros “cerrados, con vigilancia 24 horas” para una asistencia personalizada a “personas derivadas de las unidades de trabajo social, las entidades sociales y servicios de emergencia social”, para vivir en estas instalaciones “su último salto a la vida normalizada” gracias a la intervención de especialistas.
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