SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han presentado este lunes el libro ‘Depuración y represión de los funcionarios y empleados de la Diputación de Sevilla entre 1936 y 1939’ en la sede de la institución provincial.
En un emotivo acto en el que también han estado presentes la coordinadora de los trabajos del libro, Carmen Barriga, ex jefa del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla, el presidente de la Diputación ha vuelto a mostrar su predisposición a colaborar con las entidades memorialistas de la provincia de Sevilla, poniendo el acento en que la obra que se ha presentado es “un reconocimiento a todos los trabajadores públicos”.
“Estamos ante un documento que habla de personas, de gente que fue represaliada desde un concepto tan despreciable como el de la depuración. No había pasado un solo mes del alzamiento y ya antes habían fusilado al alcalde de la ciudad y al presidente de esta Diputación para, el 11 de agosto, recibir en esta entidad la orden de depuración y represión”, ha contado Fernández.
Sobre la Fosa Monumento, el presidente ha señalado que “el Gobierno tiene toda la complicidad de esta Diputación para sacar ese proyecto adelante. Hace un año nos reunimos y dejamos claro que aportaríamos nuestro 25%, incluso incluyendo la identificación de los cuerpos mediante pruebas de ADN. Lo que hace falta es que todas las administraciones estemos a la altura”, en clara alusión a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla.
Acerca de la apuesta de la Diputación en este apartado de reparación a las víctimas, Javier Fernández ha destacado el último paso adelante de la entidad provincial, creando el Observatorio de Memoria Democrática, fruto del acuerdo programático de mandato entre el PSOE e IU. “Lo hemos aprobado hace unos días en Junta de Gobierno y tenemos muchas cosas que hacer para arrojar luz, dignidad y, sobre todo, verdad. Que se conozca la verdad para que nunca se pueda repetir”.
Por su parte, el secretario de Estado, Fernando Martínez, ha puesto el acento en que “este es un libro y un acto que tienen todo lo que representa la recuperación de la Memoria Democrática, porque poco se ha hablado de las depuraciones. Por ejemplo, un 18% de los maestros y maestras fueron depurados. O tampoco se ha hablado de las depuraciones económicas, sanciones, multas e incautaciones de bienes”.
“Y toda aquella represión tuvo su efecto y es que no se transmitió la memoria porque impregnaron el miedo en el seno de la sociedad. Por eso estos actos son reparadores y es lo que tenemos que hacer, máxime en un momento en el que las fuerzas reaccionarias intentan derogar las leyes de memoria en las comunidades donde gobiernan”, ha proseguido Martínez.
El diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha querido poner de relieve el trabajo de las asociaciones memorialistas diciendo que “para que haya gobiernos que apuesten por la recuperación de la memoria ha sido indispensable la labor de todos aquellos colectivos y activistas que, a lo largo de las décadas, con tesón y trabajo, no han cejado en su lucha para alcanzar la justicia, la verdad y la reparación”.
De su lado, la coordinadora del libro y ex jefa del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación, Carmen Barriga, ha desvelado que “ya desde 1980, en mis primeros años en el archivo, llegó a mis manos una ficha que solo indicaba ‘cesantía de funcionarios, 1936, legajo 6074’, que ya solo en ese escueto título decía mucho. Y todo en una época en la que poco o nada se escribía o se investigaba, ni siquiera en los círculos académicos, de la represión posterior al golpe de Estado encabezado por Franco”.
SALDAR UNA DEUDA
Con la obra presentada, la entidad provincial salda una deuda con sus funcionarios y empleados públicos que, en la Guerra Civil, fueron represaliados por el simple hecho de hacer su trabajo en una institución que representaba a una provincia y pensar de una u otra forma.
Dicho trabajo documental ha sido posible gracias a la coordinación de una empleada de la Diputación -ya jubilada- y al empeño de todos los que junto a ella han participado en este libro.
Fue justo antes de esos años cuando la Diputación de aquel periodo puso la semilla del autogobierno andaluz, como lo demuestra el izado de la arbonaida por primera vez en 1932 en el balcón de lo que hoy es la Casa de la Provincia.
El libro constata claramente que aquellas represalias fueron un proceso de limpieza ideológica llevado a cabo a partir del mes de septiembre del 36, en cumplimiento de la orden del general Queipo de Llano recibida en la Diputación de Sevilla el 11 de agosto.
Con la nueva publicación ya se tiene una relación detallada de aquellas personas que fueron cesadas, que renunciaron o fueron suspendidas de empleo y que formaban parte de la plantilla de personal de la Diputación de Sevilla entre 1936 y 1939.
FOSA MONUMENTO
Respecto a los trabajos pendientes de acometer en la Fosa Monumento, hace ahora un año que se celebró la primera reunión entre las administraciones implicadas -Estado, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Sevilla- para darle forma al protocolo para recuperar la memoria de los cuerpos que se encuentran en la Fosa Monumento.
Dicho protocolo será llevado a pleno por la Diputación en este mes de marzo para su aprobación y el resto de administraciones también están imprimiendo celeridad a su trámite para permitir abrir la mayor tumba común de la capital, incluyendo como novedad el reparto económico del coste de la identificación genética de los cuerpos.
Dicho protocolo establece para los trabajos un plazo de tres años, aunque se puede prorrogar uno más y la cantidad a aportar por cada institución se plasmará en convenios posteriores. En ese sentido, el compromiso de la Diputación es firme, ya que los presupuestos de 2025 contemplan 331.000 euros en el apartado de Memoria Democrática.
En la Fosa Monumento se enterraron 825 fusilados por aplicación del bando de guerra, 229 por sentencias de consejos de guerra o 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o metralla. Otras 1.543 muertes están sin especificar, entre las que se encontrarían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente la causa. Se calcula que este gran enterramiento colectivo puede albergar a unas 7.440 personas y, de ese total, 2.613 serían víctimas del exterminio franquista.
En esta gran fosa común estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, así como de funcionarios municipales. Como hipótesis se baraja que estén los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano en 1937 o Carmen Díaz, hermana del que fuese cuarto secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz Ramos.
OBSERVATORIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Como muestra del compromiso que la Diputación mantiene en clave de Memoria Democrática, es destacable que la entidad provincial ya participó aportando 265.000 euros en las exhumaciones de Pico Reja, recuperando los restos de más de 1.800 represaliados.
Y junto a eso, el miércoles pasado, la entidad provincial dio un paso más en este asunto, creando el Observatorio de Memoria Democrática. Dicho órgano integra a las 10 asociaciones memorialistas de la provincia, los sindicatos y otras entidades y su cometido será emitir dictámenes e informes en este asunto y proponer iniciativas de Memoria a lo largo y ancho de la provincia.
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