SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El abogado José Antonio Sires, que ejerce la acusación particular en el caso de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato en el cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se había inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado que se ha registrado como mujer; ha solicitado a dicha instancia, a la cual ha vuelto la causa, que imponga a la persona investigada “un dispositivo que permita conocer su localización, alertando en caso de acercarse a menos de 300 metros de la víctima”.
En su escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos, al que el Juzgado de Instrucción número 15 devolvía recientemente el caso al haber recurrido la acusación particular el auto de inhibición en favor de los juzgados de Instrucción; el letrado rememora que el pasado mes de julio, el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos impuso a esta persona actualmente registrada como “Candi” la prohibición de acercarse a su expareja y de comunicarse con ella por cualquier medio.
Al respecto, avisa de que “Candi” ha incumplido presuntamente la orden de alejamiento, “insultándola y amenazándola desde la puerta del domicilio de la víctima”, extremo denunciado el 9 de agosto de 2024.
“La puesta en libertad del encausado ha puesto de manifiesto una falta de respeto absoluta a la autoridad judicial y la víctima en particular”, señala el abogado, solicitando que se imponga a la persona denunciada “un mecanismo de control y localización” las 24 horas del día, “alertando en caso de acercarse a menos de 300 metros de la víctima”.
En el mencionado y controvertido auto de inhibición, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla acordaba derivar a los juzgados de Instrucción las actuaciones incoadas por la denuncia de una mujer contra su expareja y padre de sus hijos, por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; exponiendo que había unido a tales diligencias un auto de fecha de 6 de agosto de 2023 del Registro Civil de Carmona, “donde se acuerda la rectificación de la mención registral del sexo” del varón investigado, que “pasará a ser mujer”.
Al punto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos explica que “la nueva redacción dada por el artículo 44 de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la competencia objetiva, en el ámbito penal del Juez de Violencia sobre la Mujer, se extenderá a la instrucción de los delitos cometidos contra quien sea o haya sido la esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, así como a los descendientes, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a potestad, cuando también se haya producido un acto de violencia de género”.
LA “VOLUNTAD DEL LEGISLADOR”
“Quedan excluidos por tanto, y por expresa voluntad del legislador, que de otra forma los hubiera incluido, los posibles delitos o delitos leves de los que sean sujeto activo o pasivo personas distintas a las mencionadas”, argumenta el juzgado, concluyendo que “el sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer, por lo que procede la inhibición de las diligencias previas remitidas por falta de competencia objetiva, con remisión de las mismas a los Juzgados de Instrucción” de Sevilla.
Ante ello, el abogado penalista José Antonio Sires, que representa a la acusación particular que ejerce la denunciante del caso, ha interpuesto como ha sido señalado un recurso de reposición ante el propio juzgado contra dicha decisión judicial; avisando de que el artículo 46.3 de la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI dispone literalmente que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.
Este letrado, que viene avisando de que este cambio de sexo del investigado para pasar a ser mujer supone “un fraude de ley” para que su caso sea abordado por un juzgado convencional y no por uno de violencia sobre la mujer con lo que ello comporta en materia de penas; ha explicado que esta persona ya había sido condenada en 2019 a 15 meses de prisión por malos tratos con relación a su expareja y mujer denunciante de estos otros hechos de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato.
SU DEFENSA ASEGURA QUE “SIEMPRE SE HA SENTIDO MUJER”
La defensa, de su lado, asegura que esta persona siempre se ha “sentido mujer” y el “único error” que ha cometido ha sido “crecer en una sociedad en la que ha estado cohibida durante mucho tiempo, sin poder expresar su verdadera condición sexual”.
“El día que se aprobó la Ley Trans vio la luz al final del camino y a los 15 días de la aprobación de la misma fue al registro a cambiar su género. Ella sólo hizo realidad su deseo de convertirse en mujer y la ley por primera vez la amparó. Ella no ha realizado este paso tan importante simplemente por librarse de la cárcel, con esta nueva defensa jurídica ha obtenido una sentencia absolutoria, ya que la denuncia interpuesta era falsa”, sostiene su defensa.
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