El juicio en su contra está previsto el próximo lunes en la Audiencia provincial
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar el próximo lunes 24 de marzo un juicio contra los exalcaldes socialistas de Huévar del Aljarfe Rafael Moreno y Aurea Moreno Borrego, por un presunto delito continuado de prevaricación derivado de contrataciones de vecinos “de forma absolutamente irregular, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, merito y capacidad”, según la Fiscalía, que reclama para cada uno de ellos 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía expone que los dos acusados, desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, “durante los años 2014 a 2019, procedieron a la contratar a diversos vecinos de dicha localidad de forma absolutamente irregular”.
En ese sentido, el Ministerio Público detalla toda una serie de contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento con relación a siete vecinos concretos, exponiendo por ejemplo que en el primer caso, una mujer fue contratada como auxiliar de guardería “por orden en algunos de dichos contratos por el acusado Rafael Moreno y en otros por la acusada Aurea Moreno Borrego, sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto de trabajo”.
SIN EXPEDIENTE ALGUNO
En todos los casos, según la Fiscalía, “no se llegó a tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, merito y capacidad, no existiendo una bolsa de empleo municipal, no se hicieron una valoración de méritos de candidatos, no se realizó publicidad de las ofertas de empleo y ni siquiera se incoaron expedientes”.
PETICIÓN DE CONDENA
La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación, reclamando para cada uno de estos exalcaldes de Huévar del Aljarafe 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Sobre ambos exalcaldes, recordémoslo, pesa además la causa judicial derivada de la denuncia promovida por el PP, que gobierna actualmente la localidad, por un presunto delito electoral al ofrecer supuestamente contrataciones municipales de 2009 o 2015 a cambio del voto en los comicios municipales y presunto delito de malversación continuada, por un mitin celebrado en 2002 por el PSOE y costeado con dinero público.
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