“Ni un solo euro ha ido a parar para fines que no estuvieron recogidos en la ley”, asevera el alcalde
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este lunes su “honestidad” y “pulcritud” a la hora de gestionar el dinero público, asegurando ante los casi 35.000 euros gastados por el Grupo popular de la Diputación provincial para un mitin cuando él presidía el partido que se trata de “gastos corrientes del funcionamiento” del grupo y permitidos por la ley de 2011 en la materia. “Ni un solo euro ha ido a parar para fines que no estuvieron recogidos en la ley”, ha aseverado, avisando de una “campaña de difamación” en su contra.
En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, Sanz ha respondido preguntas sobre la información publicada por Diario de Sevilla sobre casi 35.000 euros pagados en 2011 por el PP para un mitin de Mariano Rajoy con cargo a las asignaciones de la Diputación al Grupo popular, cuando él ostentaba la Presidencia provincial del partido.
Ello, después de que días atrás, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense y edil de Hacienda, Juan Bueno, negase que fuesen “sobresueldos” los cheques que cobró con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución, cuando él mismo era presidente del PP de Sevilla y edil del Gobierno local del Juan Ignacio Zoido como alcalde entre 2011 y 2015 .
Según defendía Bueno, eran pagos con relación a sus gastos de “funcionamiento” por su responsabilidad orgánica en el PP, porque “visitaba toda la provincia”, con lo que ello implicaba en materia de kilometrajes o dietas que él adelantaba; cobrando cheques similares por aquel mismo periodo la que fuera concejala de Hacienda del Gobierno local de Zoido, Asunción Fley.
“SOY UNA PERSONA HONESTA Y HONRADA”
En ese marco, José Luis Sanz ha defendido que en su trayectoria política desde 1996 está “sumamente orgulloso de los 15 años” que gobernó el Ayuntamiento de Tomares y el más de año y medio que lleva dirigiendo el Consistorio hispalense. “Soy una persona honesta y honrada, que he tenido siempre pulcritud a la hora de gestionar el dinero público”, ha enfatizado.
Mientras los partidos de izquierda reclaman esclarecer si ese dinero fue declarado ante Hacienda y fiscalizado por instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas; Sanz ha avisado de que el hecho “de que recurrir al año 2011” y a asuntos ajenos a la “administración” de las cuentas públicas de Sevilla o Tomares para “intentar difamar” a su figura ponen de relieve que hay en su contra una “campaña de difamación”; esgrimiendo el PP que los gastos fueron fiscalizados por la propia Diputación.
“Yo interpreto que estoy siendo objeto de una campaña de difamación. En los años que he sido presidente del Partido Popular de Sevilla o secretario general del Partido Popular de Andalucía, o que lo ha sido el delegado de Hacienda, Juan Bueno, no se ha derivado ni un solo euro proveniente de la asignación de fondos a grupos políticos para otros ministerios que no estuvieran recogidos en la ley”, ha aseverado, alertando de que con relación al asunto “se repite muchas veces que lo legal es ilegal”.
EL DINERO DE LAS INSTITUCIONES
Sanz ha defendido así que la ley de 2011 en la materia “permite que tanto desde el Parlamento de Andalucía se derive una serie de fondos a los grupos políticos representados” en la institución, como también sucede en el Ayuntamiento y la Diputación”.
“Aquella ley de 2011 establecía que esos gastos asignados a grupos políticos eran para gastos corrientes de los grupos políticos y en el tiempo que he sido presidente o secretario general del partido, todos los fondos provenientes de la asignación a grupos políticos se han dedicado a gastos corrientes del partido político. Ni un solo euro ha ido a parar para fines que no estuvieron recogidos en la ley”, ha defendido.
En ese sentido, ha precisado que la ley de 2011 “prohibía que esos fondos se pudieran gastar en retribuciones, en salarios, en personal, o que se hiciera adquisición de patrimonio”; pero sí permitía costear con cargo a las asignaciones a los grupos institucionales “gastos corrientes del funcionamiento” de los mismos; lo que le ha llevado a asegurar que “no va a haber ningún cese, ninguna dimisión”.
- Te recomendamos -
