SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha resaltado que el nuevo Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado el pasado 24 de febrero por el Consejo de Gobierno, “pone soluciones al problema de la crisis habitacional al permitir en Andalucía la construcción de 20.000 viviendas protegidas durante los próximos cinco años”.
Entre las medidas, según ha detallado, el nuevo Decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).
Ricardo Sánchez ha destacado así “la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la provincia de Sevilla” y ha señalado que el cambio en las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía “ha facilitado la construcción de 4.800 viviendas protegidas en la provincia desde 2019, buena parte de la mano de las convocatorias de ayudas a promotores desarrolladas por la Junta.
“Sólo desde 2019 se han concedido 154 millones de euros en subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible”, indica.
Así, ha subrayado que “frente a la inacción del Gobierno de España, inmerso en un escenario político caótico, Andalucía avanza, no espera”.
De esta forma, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha opinado que la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez “ha traído el colapso, ya que el mercado se ha contraído y, entre los propietarios, se ha extendido inseguridad y desconfianza”. “Jamás se había hecho tanto daño a la vivienda como con una ley estatal que antepone ideología a ciudadanía y prejuicios a los datos”, opina.
Andalucía, que ya había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, anticipa con este decreto-ley según señala algunas medidas para su aplicación con carácter urgente.
De esta forma, se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras de urbanización.
Además, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. También se podrá escoger para vivienda protegida en alquiler de forma permanente aquellos suelos dotacionales privados o públicos sin destino específico. En ningún caso se aplicará sobre parcelas de uso educativo o sanitario.
Asimismo, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas. En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.
Los ayuntamientos deberán adherirse a estas medidas en materia de suelo mediante un acuerdo municipal en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto-ley. Unos plazos concretos que también habrá para la ejecución de las viviendas: dos años para solicitar la licencia de obra y tres años para su finalización.
El decreto ley impulsado de la Junta de Andalucía, precisa Ricardo Sánchez, también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas.
A ello se suma que podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible.
Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.
“Las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía buscan también la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas”, destaca.
Entre ellas está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precios asequibles.
Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas.
En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes.
Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, que aporta mejores condiciones que las del mercado.
De igual forma, la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya. Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos del plan de choque. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción.
Igualmente, incide el delegado, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas.
Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las viviendas de régimen general, y hasta siete veces el IPREM en régimen de precio limitado.
“El acceso a la vivienda de los andaluces ha sido una de las prioridades de la Junta de Andalucía en los últimos años. Desde 2019 se dio un giro a la política de vivienda bajo la premisa de impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible. Así, se aprobó el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030 y, posteriormente, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que ha permitido agilizar la tramitación de los planes urbanísticos y su ejecución”, defiende Ricardo Sánchez.
El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha concluido indicando que “la construcción de 20.000 nuevas viviendas protegidas supondrá la reactivación del mercado y un refuerzo de la economía andaluza”, lanzando un llamamiento a la participación de todo el sector: desde las diferentes administraciones, sobre todo los ayuntamientos, hasta los promotores públicos y privados, los agentes sociales y económicos, los colegios profesionales, las entidades financieras y las empresas de la construcción, para la consecución de estos objetivos.
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