SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y todas las patronales implicadas, entre la que se encuentra la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), ha manifestado su oposición a la nueva normativa de registro de viajeros, a solo dos semanas de que entre en vigor la última prórroga del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre. El texto exige solicitar datos a los subsectores turísticos, “y ello llevaría a un caos en su implementación por la imposibilidad de cumplimiento de la misma”.
El citado Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores –alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación o pisos turísticos–. Sin embargo, los hoteleros critican que “este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla”, tal como explica en un comunicado.
“El sector hotelero, que siempre ha venido colaborando con las fuerzas de Seguridad del Estado, se encontró con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros. como números de tarjeta de crédito o teléfono móvil”, añade la patronal. “Esto obliga un envío de forma manual, con el consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir”.
En este sentido, Cehat, que representa a representa a más de 16.000 establecimientos, con un total de 1,8 millones de plazas repartidas por toda España, esgrime como “principales preocupaciones” al respecto. la “incompatibilidad” con la normativa de la UE, “al vulnerar la protección de datos y privacidad”.
Asimismo, la normativa ignora las “complejidades operativas de las empresas afectadas” y “colocan a las empresas españolas, o a aquellas que operan en nuestro país, en una clara desventaja frente a competidores que no tienen regulaciones similares”.
“Agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos, justificando una falta de adecuación tecnológica, entr eotros motivos”.
Por otra parte, “implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose, además, a graves sanciones económicas por su incumplimiento”.
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