SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Por Andalucía que había incorporado, a través de enmiendas aceptadas a otros grupos, la petición de cese y reprobación del delegado provincial de Educación, Miguel Ángel Araúz, por la mofa que se le atribuye en un encuentro con asociaciones de madres y padres de alumnos sobre las necesidades de profesores de apoyo a sus hijos.
Al Grupo Popular le ha bastado con sus votos para rechazar la iniciativa, que ha contado con el apoyo del grupo proponente, así como del Socialista y de Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox en Andalucía ha votado favorablemente con estos grupos a parte de la iniciativa y también se ha abstenido.
La defensa de la iniciativa la ha asumido la portavoz adjunta de Por Andalucía, Alejandra Durán, quien ha argumentado que se trataba de una iniciativa “fruto de la indignación”, en su vertiente de reclamar la marcha de Araúz por su comportamiento con los padres, pero igualmente “consensuada” con los padres y comunidad educativa.
La iniciativa reclamaba al Gobierno andaluz que, coyunturalmente, afronte “un refuerzo” con la contratación de 9.000 profesores de integración social para este curso 2024-2025 para propiciar “una educación de calidad” a niños con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) o necesidades educativas especiales (NEE) en Andalucía.
Además de ese refuerzo para el curso actual proponía Por Andalucía que el Gobierno andaluz disponga en el curso 2025-2026 de una normativa que “establezca una ratio de, como mínimo, un profesor de pedagogía terapéutica (PT) y de audición y lenguaje (AL) por cada 12 alumnos que precise alguna necesidad educativa específica”, así como que “no se sobrepase la ratio de 1/8 alumnos con necesidades educativas especiales sin que dicho profesorado pueda compartir centro educativo”, además de “apoyos específicos para casos graves”.
En este punto otra demanda era “una ratio máxima de un profesional técnico de integración social (PTIS) para cada aula específica”, así como “una ratio máxima de dos alumnos por cada PTIS para el alumnado con dictamen de escolarización B, escolarizados en aula ordinaria”.
Pedía una ratio de 250 alumnos por cada orientador y que se elimine “el sistema de rotación en los centros de educación infantil y primaria y dotando a cada colegio de un orientador”, además de establecer “una plantilla estructural a todos los equipos de orientación educativa”, integrados por profesionales de la psicología, pedagogía, medicina, fisioterapeutas y enfermería escolar.
Reclama al Gobierno andaluz que en el curso 2025-2026 se establezca que el alumnado con necesidades específicas de apoyo o necesidades especiales tengan “como mínimo, el doble a efectos de la ratio de aula, incrementándose ese coeficiente dependiendo de la gravedad del caso”, que sería del triple para los alumnos con adaptación curricular.
PP-A: EL CESE DEL DELEGADO NO VA A CAMBIAR LA SITUACIÓN
La parlamentaria del Grupo Popular Remedios Olmo ha apuntado que en el posicionamiento de los grupos subyace que “se han cuestionado el trabajo” de los profesionales al argumentar que “todo el equipo educativo” se implica con el alumnado de necesidades educativas especiales al esgrimir que ese trabajo “no es exclusivo de PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje), ILSE (intérprete de lengua de signos) o PTIS (persona técnico de integración técnica)”.
Ha blandido que “este Gobierno le ha dado cobertura legal más de 400 profesionales”, de las que ha recordado que “son contratadas por Función Pública (Consejería de Justicia) y no por el APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación)”, así como ha advertido de que “los alumnos ha aumentado más de un 20% sobre 2018”.
Ha afirmado sobre el delegado de Educación que “es un hombre honrado” y que “ha dedicado su vida a la integración”, para expresar su percepción de que “a la oposición le interesa el desgaste de este gobierno, no las familias” y ha apuntado “que se vaya el delegado provincial no va a cambiar la situación”, antes de recordar que el Gobierno andaluz dedica 589 millones a esta enseñanza, “un 70% más que en 2018”, y que en estos momentos son 13.600 profesionales, 6.000 de Pedagogía Terapéutica.
La socialista Susana Rivas ha asegurado que el alumnado de necesidades educativas especiales protagonizó un hito el 4 de diciembre de 2023 cuando en una movilización “gritaron el lema quiero ir a clase como tú” y ha advertido de que “se enfrentan a barreras invisibles”, además de que “nos enseñan el verdadero significado de resiliencia”.
Ha recriminado al Gobierno andaluz que “ser andalucista no es envolverse en una bandera cada 28 de febrero”, mientras ha advertido que retira fondos propios “cuando gobierno duplica su participación con 95 millones más”, por lo que ha lamentado que la Junta ha reducido un 2% la autofinanciación.
Ha reclamado al Gobierno andaluz la elaboración de “un censo real del alumnado NEAE (necesidades específicas apoyo educativo) en Andalucía”.
El parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha recriminado a los grupos de izquierda esta iniciativa por cuanto ha inferido de ella que “refleja que ustedes tampoco lo solucionaron”, al tiempo que ha instado al Partido Popular a que “no se den muchos golpes de pechos como gestores” tras advertir sobre “las vías de agua en sanidad y educación”, por lo que ha concluido que este ámbito de la educación “ha sido ignorado por la izquierda y la nueva izquierda, me refiero al Partido Popular”.
Sevilla ha esgrimido como “muestra del compromiso de Vox” sucesivas enmiendas al Presupuesto de la Junta para incrementar los recursos destinados a la contratación de las PTIS, antes de reclamar a la Junta “gestiones, no eslóganes, para esto le pagan todos los andaluces”, por lo que ha planteado que “si no saben gestionar, por lo menos, no presuman”.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recordado durante el debate de la iniciativa que a las 16:30 horas se celebraba una concentración de padres y madres a las puertas del Parlamento y ha lamentado que “para la Junta de Andalucía la inclusión es una chapita” y se ha preguntado “el resto de días qué”.
Ha concluido que “la inclusión educativa es mentira”, convencido de que “es algo que me apasiona, es mi oficio”, pero “es imposible con esta ratio y estos recursos”.
Ha acusado al Gobierno andaluz de “estar discrminando a estos alumnos por sus características personales y su clase social”, de manera que ha descrito un mensaje implícito, según el cual, “si no te llega con lo que tienes, págatelo en la calle”.
“El que no tenga, que se apañe”, ha proseguido razonando, para advertir que las familias ante la falta de atención en los centros llegan a la conclusión de que “mi niño estaba mejor en el centro específico”, conclusión que ha presentado que sería “dar pasos atrás” porque “volvemos al paradigma de la segregación”.
García ha calificado a Araúz como “la punta del iceberg”, ha recordado que “le subieron en el último Presupuesto un 19% el salario” y ha demandado “el cese del delegado por dignidad”, mientras que ha blandido propuestas como “establezcamos una ratio” de manera que haya “Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje (AL) y PTIS por cada centro”.
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