Avisa que la Delegación de Cultura muestra sus “carencias” al alegar que no tiene “servicio de inspección ni posibilidad de vigilarlas”
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, lamenta en una de sus recientes resoluciones la “inhibición” e “inacción” de la Junta de Andalucía ante la “grave desatención” en materia de conservación y cuidado que padecen las torres históricas de El Bollo, Lopera y Torre-Aguila, localizadas en Utrera (Sevilla) y de propiedad privada en todos los casos.
En una resolución emitida el pasado 3 de septiembre y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda una queja de una asociación ciudadana, sobre el estado de conservación de las torres medievales de El Bollo, Lopera y Torre-Aguila, situadas en el término municipal de Utrera; avisando de que al menos en el primer caso, el torreón “se encuentra en un estado total de abandono y ruina y amenaza con desplomarse y desaparecer por completo”.
Tras requerir informe a la Delegación Territorial de Cultura, según el departamento de Maeztu, dicha área de la Junta de Andalucía contestó que las tres torres “de titularidad privada según los datos catastrales consultados”, sin que constase “información sobre intervenciones o proyectos realizados o previstos en los últimos años”.
“No constan en esta Delegación datos sobre intervenciones en dichos inmuebles, siendo deber de sus titulares la conservación de los mismos tal y como indica el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, pudiendo ordenar los ayuntamientos las obras necesarias para las debidas condiciones de conservación”, señalaba la Administración andaluza según figura en la resolución del Defensor del Pueblo.
Es más, en su contestación, la Delegación Territorial de Cultura alegaba que “no cuenta con servicio de inspección ni tiene posibilidad de vigilar el estado de conservación de los bienes protegidos”, con lo que no tenía “más datos para aportar en este asunto”.
LA FALTA DE “EXPLICACIÓN ALGUNA” A LA QUEJA
Analizando el asunto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz expone que “la Delegación de Cultura no ofrece explicación alguna de la situación planteada en la queja, ni una somera referencia descriptiva sobre el estado de conservación de las citadas torres”.
“Podemos concluir que el resultado final de estos elementos es la casi desaparición de las torres motivada por el permanente olvido y la escasa protección ofrecida, ya que incluso parece que han ha sido fuente de acopio de materiales y de expolio sobre sus sillares y elementos. Tampoco han corrido mejor suerte los posibles restos arqueológicos que podrían circundar sus entornos, como dato añadido que se reproduce con harta frecuencia en las zonas aledañas a estas construcciones”, señala el departamento de Maeztu.
Especialmente, el Defensor del Pueblo lamenta que la Junta “argumente semejante inhibición con la manifestación de que la Delegación no cuenta con servicio de inspección ni tiene posibilidad de vigilar el estado de conservación de los bienes protegidos”. “Desde luego se trata de una situación que causa una innegable preocupación, dada la rotunda carencia de medios profesionales imprescindibles para el elemental cumplimiento de las delicadas funciones que ostenta ese organismo, como Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, para desplegar las competencias derivadas de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía”, avisa.
MÁS REPROCHES
Además, la Oficina del Defensor del Pueblo critica que “el informe ni siquiera se encuentra en condiciones de ratificar o desmentir, posibles daños en los elementos BIC de las torres y sus entornos, y que fundamentan promover una actuación de impulso en favor del control por el respeto a la normativa de protección y tutela que hemos descrito en el apartado anterior”.
“Todo parece indicar un escenario muy delicado para la situación de los inmuebles y nada se añade respecto del comportamiento de las titularidades de los bienes en relación con sus responsabilidades, lo que parece inducir, cuanto menos, un evidente despego a las obligaciones de tutela patrimonial que pesan en los titulares de dichos elementos.
Así, la resolución concluye explicando que ha quedado constatada una “grave desatención hacia las obligaciones de conservación y protección de los titulares de propiedad sobre bienes de reconocido valor cultural, sumado a la inacción de las autoridades encargadas de velar por el respeto a las normas de tutela de ese patrimonio”; ante lo cual pide “que se extremen las labores de vigilancia” en las tres citadas torres y estudiar “posibles iniciativas de conservación y protección”.
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