SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Los tres grupos municipales que forman la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla –PSOE, Vox y Con Podemos-IU– se han unido este viernes “por casualidad” a la hora de abordar el tema de los continuos cortes en el suministro eléctrico en determinadas zonas de la ciudad en la Comisión de Control y Fiscalización y criticar la actuación del Gobierno local al respecto, aunque, eso sí, cada uno por separado y con visiones diferentes en lo que al diagnóstico del problema, las medidas y la valoración de la auditoría encargada por la Junta se refiere.
El PSOE ha presentado una propuesta “con dos objetivos” muy claros: garantizar el suministro eléctrico de calidad y sin interrupciones, y perseguir el fraude que sobrecarga la red. Entre las medidas que se deberían poner en marcha, en opinión del Grupo Socialista, la eliminación de los enganches irregulares “sustituyendo por contratos efectivos con aplicación del bono social en los casos de vulnerabilidad, así como la persecución de la defraudación para actividades delictivas y no residenciales”.
Asimismo, el Ayuntamiento “podría diseñar proyectos de comunidades energéticas en esos barrios que están sufriendo reiteradamente cortes de suministro para que puedan beneficiarse de la utilización de fuentes de energía fotovoltaica más barata y sostenible”, ha señalado la concejal socialista Mar González, quien también insta a la Junta de Andalucía a ejercer sus funciones de control e inspección sobre la compañía distribuidora de electricidad, así como a sancionarla “de modo ejemplar por los incumplimientos reiterados”.
Desde el PSOE se reclama a Endesa un plan de contingencia “ya”, que permita afrontar el incremento de la demanda de fluido eléctrico para este verano. “Saben dónde están los problemas, los tienen reconocidos, los tienen ubicados y, por tanto, y esta ciudad tiene una habilidad especial, además, para atender situaciones conyunturales, como sucede en Navidad y en la Feria, ¿por qué no hacerlo?”, se ha cuestionado.
Por su parte, la portavoz de la coalición de izquierda, Susana Hornillo, ha calificado de “chapuza” la citada auditoría, que atribuía a los enganches ilegales el origen fundamental de los problemas. “Se trata de un estudio que carece totalmente de validez científica, que es una auténtica chapuza. Mis alumnos presentan trabajos fin de grado que son infinitamente mejores y en la mitad de tiempo”, ha añadido.
De ese modo, se presentan medidas de potencia “sin presentar datos temporales, ni correlación entre incidencia y cortes de luz, ni duración y alcance de los mismos, ni correlación con informes policiales. Pero la conclusión clara e inequívoca es que la culpa la tienen los enganches ilegales: justo lo que estaba esperando el Partido Popular”, ha manifestado.
Hornillo ha señalado que hay 45.000 personas sin acceso a suministro eléctrico. “Viene el verano, más de 40 grados, sin poder encender el aire acondicionado, el frigorífico que no funciona, personas electrodependientes…” En este sentido, el concejal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales y delegado del Distrito Sur, José Luis García, le ha acusado de “mentir con esa cifra y de crear alarma con ello”.
Para la portavoz de Vox, Cristina Peláez, su formación, más allá de posicionarse a favor o en contra de nadie, “nos limitamos a denunciar una realidad: una compañía eléctrica no se puede encargar de identificar dónde se cometen los delitos de narcotráfico, el cultivo de marihuana en un narcopiso y pedirle a esa compañía que lo solucione”.
A juicio de esta formación, “esto es una cuestión de seguridad ciudadana, que atañe a la Subdelegación de Gobierno directamente. O reconocemos que tenemos un problema grave con la proliferación de estos narcopisos o no vamos a solucionar nunca este problema”, ha concluido.
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