SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha informado en un dictamen sobre la ordenanza reguladora de la tasa de residuos y suelos contaminados para una economía circular promovida por el Ayuntamiento hispalense merced a la Ley estatal 7/2022 en la materia, derivada a su vez de una directiva europea; exponiendo que tal y como está configurada la tasa y su correlación con la de recogida de residuos, “no cumple” con los objetivos que la citada ley para “la separación en origen de residuos y el principio de quien contamina paga”.
En este sentido, según el dictamen de la CESS aprobado en Sesión extraordinaria del Pleno de este lunes consultado por Europa Press, el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio, “no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga”.
El dictamen señala que el plazo límite del 30 de abril de 2025 para incorporar esta nueva tasa “obliga al Ayuntamiento a tomar medidas necesarias para evitar posibles sanciones europeas o que dificulte el acceso a fondos comunitarios”. No obstante, desde el CESS han indicado que como está configurada la tasa, “lo único que se hace es repartir el coste que recoge el informe técnico-económico, pero sin indicar qué criterios se han utilizado para su repercusión entre las diferentes tarifas, ni va encaminada a cumplir con los objetivos de la Ley de Residuos”.
En este sentido, el CESS ha subrayado que para cumplir con los objetivos que la Ley de Residuos establece, se debería “concienciar a la población para que se realice la separación en origen de los residuos y actuar contra el vandalismo”.
Además, es necesario “analizar los costes reales que deben financiarse con esta tasa y exponer de forma clara cómo se ha repercutido en cada una de las tarifas dicho coste”. También han incidido en la importancia de la “separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente”.
Por otro lado, el Consejo han trasladado hay que “analizar otras fuentes de financiación que permitan reducir el coste del servicio y la tasa que deba repecutirse a los usuarios”. Además de las bonificaciones que permitan la ley.
“QUIEN CONTAMINA PAGA”
Según el CESS, esta tasa “tampoco contempla la tributación de las viviendas deshabitadas y locales sin actividad”, por ello, según el principio de “quien contamina paga” exigido por la Ley de Residuos, podría ser necesario en la determinación de la cuota en estos casos, “diferenciar una parte de la cuota por disponibilidad del servicio y otra por generación”.
Además, han subrayado la necesidad de un proyecto que vaya orientado a la consecución paulatina del objetivo “pago por generación”, para que esta tasa cumpla con los principios de la ley por la que fue creada.
“DEROGAR LA LEY AL DERIVAR EN UNA NUEVA TASA MUNICIPAL”
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el pasado 19 de diciembre en sesión ordinaria, aprobaba una moción del PP ante la cual Vox se abstenía y el PSOE y Podemos-IU votaban en contra; que reclamaba al Gobierno central del PSOE y Sumar la derogación de la citada Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea de 2018; al “obligar” a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos.
Una moción que reclamaba al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez la derogación de la mencionada ley estatal, instando además al Ejecutivo central a realizar un estudio pormenorizado para definir el coste por servicio en todos los municipios españoles y a poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos, que permita reciclar una mayor cantidad de residuos e incrementar la eficacia de este servicio en todos los municipios
A la hora del debate plenario, el PP accedió a incorporar una enmienda planteada por el Grupo socialista a la moción, criticando la edil del PSOE Sonia Gaya la “hipocresía política” del PP, porque en el Parlamento Europeo “votó que sí” a la directiva comunitaria de la que deriva la ley estatal, en el Congreso de los Diputados “se abstuvo” ante la regulación nacional y ahora reclama su derogación. Además, la concejala del PSOE defendía que se trata de aplicar en España “una directiva que abunda en la correcta gestión de los residuos para preservar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y proteger la salud humana”.
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