SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
La plataforma ciudadana que reclama pleno acceso público para el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, gratuito para los sevillanos que acrediten dicha condición en la taquilla del monumento, ha mostrado este martes su rechazo al planteamiento del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.
“La Administración no debe seguir el mismo camino especulativo tomado por la jerarquía de la Iglesia católica”, señalan los activistas de esta plataforma sobre la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015.
Los colectivos reconocen “que el Ayuntamiento necesita dinero para atender las necesidades” de este enclave patrimonial y del resto de la ciudad, pero avisan de que dicha premisa no puede prevalecer “a costa de cualquier cosa”.
Y es que “el cercado y cierre de la Plaza de España es una privatización de hecho y solamente puede reportar una imagen negativa de esta ciudad”. “En todo caso, ya que el Ayuntamiento busca recaudar, en vez de privatizar algunos monumentos debería imponer una tasa al turismo en general, como ya se cobra en varias ciudades de Europa. Así se podría mejorar la calidad del turismo y erradicar el de borrachera y escándalo público”, consideran estos activistas, rechazando esta “privatización mercantilista”.
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de parte del monumento, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.
EL DINERO DE LA TAQUILLA
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
La idea, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que “financiar la conservación” del monumento y “mantener un servicio de vigilancia las 24 horas” del día en el mismo, así como para abrir una escuela de “restauración permanente” para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público.
POSTURAS EN CONTRA
La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.
El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría “privatizar” esta plaza.
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