SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha confiado en que “en esta semana quede resuelto” lo que ha calificado de “tropezón administrativo” en relación con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Consejería de Sostenibilidad para el proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla), cerrada en enero de 2002 tras la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). De hecho, el pasado jueves 19 de septiembre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba una corrección de la resolución.
En declaraciones a los medios con motivo de un encuentro de trabajo este lunes en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Paradela ha insistido en que la autorización no se ha cancelado y espera que “se reactivará esta misma semana”. En la corrección recogida en el BOJA, se detalla que en la resolución de 12 de julio de 2024 de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla figura un error al circunscribir el asunto a La Rinconada, siendo subsanado tal extremo exponiendo que la iniciativa afecta a los “términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina y Santiponce, en la provincia de Sevilla”.
La mencionada autorización ambiental unificada está actualmente suspendida de manera temporal, después de que el pasado 12 de agosto Ecologistas en Acción interpusiese un recurso de alzada ante la Administración andaluza contra tal autorización del proyecto técnico de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Apirsa.
En su recurso de alzada, los ecologistas avisaban de supuestos “incumplimientos de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la autorización ambiental unificada, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, una modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años; incumplimiento de la obligación de realizar una adecuada evaluación de impacto ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña; la falta de evaluación de los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena” o la “omisión” del obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
“Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería competente no ha dado ninguna respuesta y, por tanto, el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal”, señala Ecologistas en Acción. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha reconocido tal extremo, asegurando de su lado que ante el citado recurso de alzada, actualmente está “ultimando la resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica”.
El proyecto cuenta con la previsión de crear alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta; pesando de otro lado las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos.
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