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La Diputación trató en la sesión plenaria la fusión de consorcios de agua y acciones contra el narcotráfico

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SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, celebra este jueves su pleno ordinario de febrero con un orden del día en el que figura la aprobación del Protocolo General entre la institución provincial, Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Plan Écija, Consorcio de Aguas del Huesna, Consorcio de Aguas Sierra Sur y Municipios no consorciados de la Provincia de Sevilla para la unificación en un ente único en materia de aguas. Además, una moción de Vox sobre el incremento de medidas contra el narcotráfico y la dotación de medios materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

Así, según se plasma en el orden del día del pleno, consultado por Europa Press, también se abordará la adjudicación del contrato de San Luis de Los Franceses, la aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual o la modificación del Plan Contigo.

En este sentido, se abarcará la aprobación del Protocolo General entre la Diputación de Sevilla y el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Plan Écija, Consorcio de Aguas del Huesna, Consorcio de Aguas Sierra Sur y Municipios no consorciados de la Provincia de Sevilla que consistirá en la unificación, en un ente único, de todos los sistemas supramunicipales existentes que se ocupan del ciclo integral del agua en la provincia de Sevilla.

Cabe recordar que la Diputación de Sevilla trabajaba en la creación de un modelo de gestión del agua basado en dos grandes bloques. Uno de ellos abarcaría la zona metropolitana, mientras que el segundo agruparía a los consorcios del Huesna, Plan Écija y Sierra Sur, así como a los municipios que actualmente no forman parte de ningún consorcio y que están en proceso de incorporación.

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Por su parte, después de la salida de la capital del Consorcio Provincial de Aguas, los grupos Popular y Vox presentaban una moción conjunta sobre el inicio de expediente para “la disolución” del Consorcio Provincial de Aguas. Así, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, explicaba que “se trata de un organismo inútil, utilizado exclusivamente por el PSOE como agencia de colocación para sus afines y garantizar sueldos a socialistas”. En este sentido, recordaba que “todos los altos cargos del consorcio son o han sido exalcaldes del PSOE, como es el caso de Blas Ballesteros o el exalcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, antecesor del actual gerente, entre otros”.

Torres explicaba que “no se entiende el empeño de los presidentes que han pasado por la Diputación por mantener un Consorcio, del que ya salió la Junta de Andalucía y del que ahora es el Ayuntamiento de Sevilla el que ha iniciado el expediente de separación”. “El PSOE en la Diputación no tiene otro objetivo que mantener este chiringuito político para colocar a sus afines”, afirmaba.

En este contexto, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, del pasado 16 de enero, aprobaba con el apoyo del Gobierno Local del popular José Luis Sanz y de Vox, y el voto contrario del PSOE y Podemos-IU, con el objetivo de “iniciar la separación” de la institución del Consorcio, encabezado por la Diputación; bajo la premisa de que “no presta utilidad directa” a la capital y con avisos de “insolidaridad” con el resto de provincias.

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Una decisión del Gobierno local con la que la concejala del PSOE Carmen Fuentes les acusaba de “insolidaridad” con los pequeños municipios de la provincia con problemas de suministro de agua y de querer “confrontar” con la Diputación, que encabeza el Consorcio de Aguas y está gobernada por los socialistas.

MÁS MEDIDAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El Grupo Vox en la Diputación de Sevilla presentará en el pleno una moción sobre el incremento de las medidas contra el narcotráfico y de la dotación de medios, tanto materiales como humanos, a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que realicen las funciones con “máxima seguridad”.

Ello, enmarcado en un aumento de la presencia de narcolanchas en el Guadalquivir, que se han avistado en La Cartuja y Coria del Río. Un asunto en el que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha alertado del “riesgo latente” que existe para los agentes en los operativos contra el narcotráfico.

Así, Vox criticaba el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur) ante un tema que afecta a los pueblos ribereños “y a toda la provincia que está en el candelero mediático por sucesos como tiroteos, enganches ilegales y un largo etcétera”, según aseguraba la vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Vox-Sevilla, Ana Ruiz Vázquez.

TAXIS PARA ENFERMOS DE HEMODIÁLISIS

También, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla, Rosario Andújar, defenderá en el próximo pleno de la institución una moción para que la Junta de Andalucía reconsidere la decisión de “obligar a los enfermos y enfermas aquejados de afecciones que requieren hemodiálisis de tener que hacer uso de ambulancias colectivas y que ese servicio se siga prestando a través de los taxis rurales, tal como se ha venido haciendo hasta ahora”.

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Según ha explicado la portavoz socialista en una nota de prensa, “las personas que necesitan estos tratamientos de hemodiálisis, casi un centenar a diario, se ven obligadas a desplazarse varias veces por semana a un centro sanitario, hasta una media de trece sesiones mensuales” que son realizadas en su mayoría en los dos hospitales de la capital o en las escasas unidades repartidas por la provincia.

Estos desplazamientos se venían realizando por medio de taxis locales que “solo en lo que se refiere a traslados a los dos grandes hospitales suponen más de 1500 servicios al año y el pago que estipula el SAS por kilómetro no llega al 50% de las tarifas habituales, a pesar de lo cual los profesionales no cobran suplemento alguno. El precio de referencia es de 0,34 euros por kilómetros y 7,64 euros por hora de espera”.

Finalmente, “el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía ha eliminado este servicio, lo que obliga a los enfermos a trasladarse en ambulancias colectivas, creando una discriminación que perjudica a los pacientes que viven el municipios más alejados de los centros de diálisis” ha lamentado Andújar. “Son personas enfermas que deben hacer habitualmente cientos de kilómetros de ida y vuelta cada mes y esperar horas interminables conectados a una máquina se ven relegados a transportes colectivos que rechazan, exigiendo desplazamientos seguros, cómodos y dignos”, ha concluido la portavoz socialista.


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