SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La junta de gobierno de la Diputación de Sevilla, reunida este martes bajo la presidencia de Javier Fernández, ha aprobado el encargo de ejecución directa a la sociedad Tecnologías y Servicios Agrarios, Tragsatec, así como ordenar la ejecución de los trabajos correspondientes a las actuaciones necesarias y apoyo técnico para la vigilancia y control de los mosquitos transmisores del virus de la Fiebre del Nilo Occidental; en las zonas que resulten afectadas en la provincia, que saldó el pasado verano con diez muertes por infección de dicho virus y varias decenas de afectados.
Se pone en marcha así el procedimiento sobre las acciones que anunciaba hace unos días Javier Fernández, quien acompañado por el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, convocaba a representantes de los 15 municipios afectados en la provincia, para anunciar que la Diputación suma seis millones de euros más de fondos propios en las acciones contra el Virus del Nilo, que se desarrollarán hasta 2026.
“La Diputación no tiene competencias en esta materia, ni por lo tanto un departamento especializado en la erradicación de este tipo de plagas. Pero ante la reiteración de la Junta de Andalucía de dejar las actuaciones en manos de los ayuntamientos, que carecen de capacidad logística y económica para abordarlas, la Diputación ha puesto ya 1,5 millones para financiar las actuaciones correspondientes a 2024 y ha librado otros seis millones más de su presupuesto de 2025 para acometer las nuevas actuaciones a lo largo de este año”, explicaba Javier Fernández.
EL CONFLICTO DE LAS COMPETENCIAS
Meses atrás, la Diputación acordaba recurrir por lo Contencioso Administrativo el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud, promovido por el Gobierno andaluz del popular Juana Moreno especialmente ante el virus de la fiebre del Nilo Occidental, al considerar que dicho instrumento de planificación “lesiona” la autonomía de los ayuntamientos.
Ello, en un marco en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba conforme a derecho las resoluciones con las que la Junta reclamaba a los ayuntamientos de Coria del Río e Isla Mayor la elaboración y aplicación de un plan municipal de vigilancia y control contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental.
El tribunal considera reconocida “la competencia municipal en un escenario directamente relacionado con la materia a la que atiende el requerimiento cuestionado”, explicando que “los artículos 5 y 18 del Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias, reconocen la aplicación de tratamientos de desinsectación y desratización y desinfectantes por los servicios oficiales de los municipios”.
HASTA FINAL DE 2026
Son dos los encargos que la Diputación tiene planificado encomendar a la empresa Tragsatec para la prevención y tratamiento en esta época invernal antes de la llegada de la primavera y el verano, que es cuando comienza la fase ascendente del mosquito, a través de un equipo de profesionales expertos en la materia y así poder seguir respondiendo con propiedad a una situación que queda fuera del alcance de la Diputación dado que trasciende al ámbito autonómico.
El primero comprende hasta mayo de 2025, con la realización de tratamientos larvicidas en 15 municipios con biocidas autorizados; tratamientos adulticidas en barrera en zonas periurbanas e instalación de cajas nido y cornisas para especies insectívoras, además de puntos de control y centinelas, instalación de refugios para murciélagos, campañas de sensibilización en ámbito municipal y una colaboración con la Estación Biológica de Doñana para la identificación de especies y análisis para la detección del virus.
En cuanto a la segunda actuación, de junio de 2025 a diciembre de 2026, mantiene los elementos anteriores a los que se suman tratamientos específicos en 12 municipios: larvicidas (aéreos en 6.500 hectáreas; terrestres en 1.500 hectáreas y tratamientos en EDARs y puntos de vertido) y adulticidas (1.700 hectáreas de superficie), con siete tratamientos programados.
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