Asegura que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños”
SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha lamentado este jueves que la Fiscalía de Sevilla reclame un total de 77 años de prisión para los 18 activistas por el derecho a la vivienda desalojados en febrero de 2018 tras la ocupación de las viviendas de nueva construcción levantadas en la parcela de la calle Macarena que antaño albergaba el centro “ocupado y autogestionado” Casas Viejas; por un presunto delito continuado de usurpación violenta intentada, un supuesto delito de daños, de atentado a agente de la autoridad, de lesiones, de desórdenes públicos por partida doble y de maltrato de obra.
Según APDH-A, estos activistas protagonizaban “una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad, demandando una solución habitacional” para ellas.
“Un desmesurado operativo policial intervino en las inmediaciones del lugar, donde agentes de la Policía Nacional detuvieron en plena calle hasta a seis personas, quienes pasarían 55 días en prisión provisional, mientras que identificaban a otras 12. Al conjunto que conforman esas 18 personas se les pide un total de 77 años de prisión, en penas que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión”. Una de esas personas, además, es Óscar Mitillo, quien “como coordinador del Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y al igual que en numerosas oportunidades anteriores, se había desplazado hasta las inmediaciones para ofrecerse como mediador”, según APDH-A.
Según la APDH-A, Mitillo, “pese a no haber participado en ninguna acción punible y, al igual que el resto de acusados, no haber pisado siquiera el inmueble en cuestión, hace frente a una petición de cárcel desorbitada e injustificable”. “La acusación se sustenta en que el juez instructor hizo suyo el más que discutible relato de la Policía, pese a la escasa o nula relevancia penal de los hechos que se demostraba en los vídeos tomados en el lugar”.
APDH-A considera así que “las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social” y hace hincapié en que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada”.
“CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES”
“Estamos ante un hito más en la criminalización de los movimientos sociales y sindicales que resisten a las medidas que nos conducen a la precarización y exclusión social”, señala la asociación.
En su escrito de acusación, elevado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, la Fiscalía expone que el 16 de febrero de 2018, los seis primeros acusados, “aprovechando que el aparejador de la obra abrió el portal de acceso a la vivienda casi finalizada ubicada en la calle Macarena 42, a punto de ser entregada a sus propietarios, le propinaron un violento empujón entrando a continuación en el edificio con intención de ocupar las distintas viviendas, causando numerosos desperfectos en el intento de violentar las puertas de acceso”.
“Minutos después, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que era uno de los propietarios de la vivienda entró en el edificio y subió hasta su terraza, identificándose como policía, lo que motivo que los inculpados comenzaran a golpearle”, según la Fiscalía.
MÁS AGENTES
Después, siempre según la Fiscalía, “hizo acto de presencia una dotación policial compuesta por varios agentes, quienes pese a identificarse como tales fueron violentamente golpeados por los inculpados referidos y ya en el exterior del edificio y también” por otros once inculpado, un menor de edad y “otros individuos no identificados”.
Se trata de un grupo de personas que estaba “concentrado en dicho lugar obstaculizando la calle, todos con actitud violenta y agresiva a la ocupación del edificio, emitiendo proclamas a grandes voces, interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos”.
La mañana posterior a la ocupación, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para el desalojo que, según informaban a Europa Press fuentes policiales, fue plenamente consumado.
QUIÉN “ALECCIONABA” AL GRUPO
La Fiscalía agrega que “el grupo era aleccionado en lo relativo a las agresiones a los agentes por un inculpado súbdito argelino de ignorada situación en España y sin antecedentes penales”, explicando que “como consecuencia de lo violento de su acción, los inculpados provocaron desperfectos en un vehículo allí estacionado”, ocasionando lesiones o golpes a varios agentes y a dos personas de la obra del edificio.
Cabe recordar que las viviendas ocupadas, todas ellas de renta libre, habían sido construidas en la parcela de la calle Macarena que otrora acogiese el centro ocupa Casas Viejas, icono del movimiento ocupa de Sevilla y desalojado allá por 2007.
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