Anima a “todas las personas que estén en la misma situación” a “llegar hasta el final” en sus acciones judiciales
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La agente de la Policía Local hispalense que denunció al inquilino de su piso de Sevilla Este por sus prolongados impagos de renta, fruto de lo cual el Juzgado de Primera Instancia número dos condenó a este varón a dejar la vivienda a disposición de su propietaria, declarando la rescisión del contrato de alquiler y ordenándole pagar a la dueña 33.332 euros de dinero adeudado; ha recuperado este miércoles la posesión del inmueble merced a dicha sentencia.
Amparo Meléndez ha explicado a los medios de comunicación, ya dentro de su vivienda de Sevilla Este una vez desalojada la misma por el inquilino condenado a dejar el inmueble, que dado que el piso presenta “desperfectos” en las puertas, los cuartos de baño, el mobiliario, la cocina y signos de “deterioro por falta de cuidado”, entre otros aspectos; reclamará además por vía judicial a este varón que le compense económicamente por tales extremos.
La propietaria de la vivienda ha celebrado la recuperación de la posesión de la misma tras una larga lucha y proceso judicial, animando especialmente a “todas las personas que estén en la misma situación” a “llegar hasta el final” en sus acciones judiciales.
Su caso, según ha precisado, aún no ha terminado porque tras la citada sentencia condenatoria y la recuperación del piso, ha interpuesto una “demanda de ejecución de sentencia” al objeto de obtener el dinero señalado en la resolución judicial, que a día de hoy se elevaría ya a “al menos 35.000 euros” por los impagos; a lo que habrá que agregar ahora la petición de indemnización por los desperfectos.
HAY QUE PAGAR
El inquilino condenado, como ha destacado la propietaria de la vivienda, tiene la obligación “de pagar”, avisando que el mismo “tiene seis vehículos a su nombre”.
En una sentencia emitida el pasado 20 de diciembre y recogida por Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia número dos aborda una demanda de esta agente de la Policía Local hispalense contra un varón llamado Adama y conocido como consecuencia del incendio de su puesto ambulante de Los Remedios en 2021 y los gestos de solidaridad a cuenta de su situación; “por falta de pago y reclamación de rentas” de alquiler no abonadas “y cantidades asimiladas” a las mismas, a cuenta de una vivienda de la calle Médicos sin Fronteras que la mencionada agente tiene arrendado al demandado.
En su demanda, la propietaria de la vivienda reclamaba declarar resuelto el contrato de alquiler, “por falta de pago de la renta”; y la condena del inquilino a desalojar el inmueble y a pagar “las cantidades debidas”; exponiendo que después de que en 2018 ambas partes firmasen dicho contrato con una renta de 750 euros al mes, 822 euros al incluir la comunidad; en octubre de 2021 el demandado dejó de abonar el alquiler, “incumpliendo de manera reiterada sus obligaciones” contractuales, incrementadas en 2023 al ser elevada a 961 euros la renta por el aumento del IPC.
UN ABONO AISLADO EN FEBRERO DE 2023
A la fecha de interposición de la demanda, según detalla la sentencia, la cuantía reclamaba ascendía a 26.460 euros, reconociendo la agente que el inquilino sí abono la renta correspondiente al mes de febrero de 2023, toda vez que la parte demandada se oponía a la demanda y solicitaba la desestimación de la misma.
Tras analizar el caso, el juzgado concluye en su sentencia que a la fecha del dictado de la misma, el inquilino “adeuda a la demandante la suma total de 33.332 euros por las rentas y cantidades repercutidas por cuotas comunitarias, de octubre de 2021 a diciembre de 2024 y descontada la mensualidad de febrero de 2023, que sí fue pagada por el arrendatario”.
CONDENA A “DEJAR LA VIVIENDA”
Dado el caso, el Juzgado de Primera Instancia número dos de Sevilla declara extinguido el mencionado contrato de arrendamiento “por falta de pago de la renta” y condenaba al inquilino a que dejase la vivienda a disposición de la demandante, con el aviso de “lanzamiento a su costa” en caso de no abandonar el inmueble en cumplimiento de esta sentencia.
Además, el juzgado condena al inquilino a abonar a la dueña del piso la cuantía de 33.332 euros por los mencionados impagos y a abonarle “todas las rentas y cantidades asimiladas que pudieran devengarse” de las principales, imponiéndole además las costas del procedimiento judicial.
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