SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla ha presentado un informe elaborado por expertos de las Universidades de Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide y coordinado por la Fundación Nueva Cultura del Agua, que alerta que el actual proceso de activación minera puede comprometer a medio plazo la disponibilidad de agua potable en Andalucía Occidental por la presencia de metales pesados; mientras el sector esgrime de su lado los proyectos de recuperación y el sostenimiento de unos 10.000 empleos directos y unos 20.000 inducidos en el conjunto de Andalucía.
Por esta razón y para prevenir el “colapso hídrico”, el informe ‘Los impactos de la minería en Andalucía Occidental’ plantea una “moratoria” de nuevas autorizaciones de minas en la Franja Pirítica Ibérica, hasta que se estudien en profundidad los efectos de la acumulación de contaminantes mineros en ríos y acuíferos y sus impactos en zonas agrícolas, en las actividades pesqueras y el agua para abastecimiento humano.
Según los autores del informe, las consecuencias de la minería metálica en Andalucía Occidental se traducen “extensas áreas con los usos naturales, el suelo, la vegetación y el paisaje arrasados, la red fluvial, -incluyendo el río Odiel y el Guadalquivir- profundamente contaminada por las aguas ácidas y con metales pesados, contaminación que se extiende a la Ría de Huelva y a las aguas costeras atlánticas, constituyendo también una amenaza para las aguas subterráneas”. De hecho, según el informe, los ríos Tinto y Odiel constituyen el principal aporte mundial de contaminantes tóxicos de origen minero a los océanos y el Estuario del Guadalquivir también está afectado, lo cual “amenaza además al Parque Nacional de Doñana”.
Los autores del informe se oponen a los nuevos proyectos mineros, como la planta E-LIX en Riotinto, la ampliación de la mina Cobre Las Cruces, –cuyos anteriores directivos fueron condenados por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, a cuenta de la contaminación y la detracción no autorizada de agua–; o la reactivación de la actividad minera en Aznalcóllar, marcada por la catástrofe de 1998 y que de su lado niega el vertido “tóxico” que se le atribuye y esgrime inversiones en medidas ambientales.
Los investigadores señlalan además el proyecto minero en la ribera de Alcalaboza, una de las pocas riberas fluviales sanas que aún persisten, o el proyecto minero Aguas Teñidas, “que supondría talar más de 30.000 pinos y construir la mayor balsa de residuos tóxicos de Andalucía” y cuyos gestores destacan un impacto económico de unos 190 millones de euros al año en la economía local.
Las conclusiones del informe advierten de este “colapso hídrico” que provocaría la incapacidad para mantener las riberas y valles, no ya ecológicamente viables, sino económicamente aprovechables para todas las actividades humanas que necesitan agua potable, como la agricultura, la pesca y el turismo.
Los investigadores han criticado que “lo más preocupante es que las administraciones públicas no sólo no están haciendo frente a esta oleada de nuevos proyectos mineros, sino que se han erigido, especialmente la Junta de Andalucía, en promotora activa de los mismos”, asegurando la Junta que aplica la legislación ambiental más estricta y que los proyectos autorizados cuentan con todas las garantías.
El estudio es el primer análisis completo de los impactos de la minería, que en Andalucía está ejercida fundamentalmente por empresas extranjeras “que luego han dejado un desierto unido a una contaminación permanente”, ha criticado Félix Talego, profesor en la Universidad de Sevilla.
El informe pone de manifiesto los múltiples impactos negativos que provoca la minería metálica, que de su lado esgrime miles de puestos de empleo; “debido a los drenajes ácidos y cargados de metales pesados, como cadmio, manganeso, hierro, aluminio, plomo, mercurio, níquel, arsénico, cobre, selenio, cromo y zinc”.
“Esta contaminación no cesa tras el fin de la explotación minera, sino que continuará durante siglos e incluso miles de años tras su abandono, con efectos tóxicos para muchos organismos y para la salud humana”, avisan.
Los investigadores han alertado acerca de la situación “crítica” en la que ya se encuentran los ríos y del “descontrol generalizado de la contaminación minera”. Entre ellos, el profesor de Ecología de la US, Jesús Castillo -que ha estudiado para el informe 169 artículos científicos que apoyan los efectos perniciosos de la minería en el entorno-, ha asegurado que hay “evidencias claras de la contaminación por metales presente en suelos agrícolas, así como en vegetales y fauna, incluyendo peces, caracoles y moluscos bivalvos en estuarios y plataforma continental”.
Seguir adelante con los proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración y los que se anuncian, a su juicio, será también convertir el Estuario del Guadalquivir en “una cloaca” que afectará a la pesca del Golfo de Cádiz, ha explicado Félix Talego. “Ni las autoridades, ni la ciudadanía es consciente del grave peligro para la vida, la economía y la sociedad que está suponiendo la minería”, ha afirmado.
En la rueda de prensa, la profesora María Jesús Beltrán, de la Universidad Pablo de Olavide, ha ofrecido un pormenorizado análisis sobre los efectos de la Mina Cobre Las Cruces sobre las aguas subterráneas y la merma de los recursos hídricos por la sobreexplotación de los acuíferos debida a esta mina.
Por su parte, Cristian Muñoz, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha asegurado que “ninguna normativa está hecha para proteger los ecosistemas, sino más bien, para permitir el desarrollo de la extracción como un negocio”. Por ello, ha explicado, “si no cambia la normativa, el resultado es la degradación del medio ambiente”, una degradación que ha conectado con “la mayor incidencia de cáncer y de la mortalidad entre la población”.
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