Aboga por la señalización específica del Guadalquivir como “río industrial por la recepción de vertidos” mineros
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La portavoz del grupo Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense, Susana Hornillo, ha informado de que de la mano de Ecologistas en Acción, Alianza Verde, Los Verdes Andalucía y Alternativa Republicana, ha presentado una moción para abordar en la próxima sesión de la Comisión Local de Control y Fiscalización al Gobierno municipal el vertido de residuos tóxicos al Guadalquivir a la altura del Estadio de la Cartuja previsto en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Después de que la reactivación del complejo minero, marcado por la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del recinto, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.; haya obtenido el dictamen ambiental favorable de la Junta de Andalucía, que otorgó los nuevos derechos de explotación a la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis; Hornillo ha reclamado “garantizar que las afecciones de este proyecto sobre el río a su paso por Sevilla cumplen con los requisitos sanitarios y ambientales estipulados por ley”.
A tal efecto, Hornillo se ha hecho eco de los cálculos de Ecologistas en Acción, según los cuales la reactivación del recinto minero supondrá un “vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura” del río, toda vez que el Gobierno andaluz del PP viene defendiendo de su lado la inspección escrupulosa del cumplimiento del proyecto en materia de aguas.
“RÍO DE SACRIFICIO”
La edil ha señalado por su parte que la reapertura de la mina puede suponer “la plena conversión del Guadalquivir en un río de sacrificio cuyo principal uso a su paso por el entorno de la capital hispalense será recoger residuos tóxicos de actividades industriales”.
La iniciativa elevada por la coalición de izquierdas a la Comisión de Control pide así al Gobierno municipal del PP un proceso de información y consulta pública por parte del Ayuntamiento sobre las afecciones del volcado de residuos tóxicos al Guadalquivir (Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental) en lo relativo a localidades afectadas o colindantes, así como un informe municipal sobre la compatibilidad del planeamiento urbanístico local con las instalaciones y la actividad del vertido en la zona del punto de volcado.
Hornillo ha emplazado así al Gobierno del PP a velar por que el proyecto, que cuenta con el dictamen ambiental favorable de la Junta, competente en materia de medio ambiente, “cumpla con rigor la normativa vigente en lo referente a la ciudad toda vez que el proceso de adjudicación (a México-Minorbis) se encuentra judicializado”.
INFORMES SEMANALES
Además, la propuesta incluye otras peticiones como incrementar el control sanitario de las aguas con informes semanales sobre los posibles niveles de toxicidad y presencia de metales pesados y la señalización específica del Guadalquivir como “río industrial por la recepción de vertidos procedentes de las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes de Aznalcóllar”.
Y mientras la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, defienden que el proyecto cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, revitalizando así el desarrollo económico de la zona; la edil de Podemos ha avisado de su posible “impacto” en las actividades agrícolas, de ocio, deporte y turismo.
Según ha señalado, “la presencia de agentes tóxicos en las aguas no sólo pone en riesgo la economía de poblaciones del entorno dedicadas al cultivos como el arroz o la pesca, sino que también puede ocasionar un impacto negativo sobre lugares enfocados a acoger al turismo de veraneo cercano a las aguas del Guadalquivir”.
En esta línea, ha advertido que “la proyección internacional de Sevilla asociada a un río industrial puede suponer una grave lesión para la imagen de la ciudad ante los turistas y, especialmente, ante el público europeo que valora los destinos concienciados con la protección de sus entornos”.
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