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Error – No puedo modificar texto en idioma español

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SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO han alertado este viernes del cierre de los centros de participación activa (CPA) en Sevilla –los conocidos como hogares del pensionista– por las tardes durante el verano y han rechazado la orden de la Junta que “pretende sustituir” profesionales por usuarios. El “cierre” de estos espacios afecta a 100.000 personas en Sevilla, según los cálculos de los sindicatos.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, y la secretaria de Política Sindical, Empleo y Comunicación de UGT Sevilla, María Iglesias, han explicado que, desde el pasado 19 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, los CPA permanecen “cerrados todas las tardes”, excepto los viernes, cuando abre un centro para el baile, “restando oportunidades de disfrutar de su tiempo libre a las personas mayores en una fecha tan delicada como es el verano”.

“Esto agranda el desmantelamiento al que la Junta está sometiendo a estos centros desde hace tiempo mediante el incumplimiento de los horarios establecidos, la falta de servicios como cafetería, restauración, peluquería o podología, la falta de mantenimiento de las instalaciones, los aires acondicionados averiados o la reducción de actividades sociales”, han recogido UGT y CCOO en una nota de prensa conjunta.

“Todo ello como consecuencia de la falta de dotación presupuestaria y la falta de personal, ya que en Sevilla hay 16 vacantes sin cubrir y, en Andalucía, 90”, han apostillado. Tras las quejas presentadas por los usuarios y por CCOO y UGT, la Junta ha presentado un proyecto de orden que “crea una figura inexistente en la ordenación jurídica de las administraciones públicas como es el ‘agente de la administración titular’, además de creación de asociaciones dentro del propio ámbito de los CPA”.

Ambos sindicatos han rechazado esta decisión porque “pretende sustituir puestos de trabajo de empleo público por voluntarios, ya que las funciones que se le otorgan inicialmente están definidas en las funciones establecidas para categorías laborales existentes, disfrazando la participación voluntaria en tareas de profesionales reguladas y existentes. Desde UGT y CCOO entendemos que esta figura es ilegal”.

“Exigimos la retirada del proyecto de orden porque tiene la apariencia de ser una forma de delegación de funciones por parte de la administración, haciendo recaer sobre las personas socias de los CPA obligaciones y competencias bajo la apariencia de falsa participación. No promueve el voluntariado de las personas mayores, sino que las quiere como parte de la estructura de personal para garantizar horario y servicios”, han añadido ambos sindicatos.


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