SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha desconectado de la red eléctrica 59 enganches para alimentar plantaciones ilegales de marihuana en la provincia de Sevilla en el primer semestre del año, dos a la semana.
La cifra pone de manifiesto la magnitud de un “problema creciente” que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude. Según ha recogido la compañía eléctrica en una nota de prensa, en el caso de Sevilla, esta problemática registra una media de cinco plantaciones al mes en la capital, sobre todo en barrios como el Polígono Sur, Torreblanca, La Plata, Padre Pío, Palmete o Los Pajaritos entre otros, extendiéndose a otros núcleos urbanos como Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Dos Hermanas y Osuna.
En relación a lo anterior, en los últimos años se han registrados “numerosos casos” de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas. Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía –cuatro en Sevilla, el último en la madrugada de este martes en el Polígono Sur; uno en Almería; y otro en Granada– al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del “fraude masivo”, especialmente por plantaciones de marihuana.
Además, Endesa ha apuntado que la energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Sevilla a 4,3 millones de KWh, el equivalente al consumo de cerca de 1.200 hogares. No obstante, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.
Asimismo, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como ‘plantaciones indoor’, han crecido de manera “muy significativa” en los últimos años. Los datos de las fuerzas de seguridad indican que son “más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento” que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año. Según la compañía, estos dos factores son claves para explicar el “importante peso” de las plantaciones de interior dentro del cultivo de marihuana en España, que según el European Drug Report 2024, acaparó en 2022 el 81% de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea.
Por otro lado, los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona.
De esta forma, Endesa ha asegurado que el consumo de electricidad es “tan alto” y la manipulación de las instalaciones “tan devastadora” que llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación, hasta el punto de que se han registrado picos de quince fusibles fundidos al día por centro de transformación. En el mes de julio, tres centros de transformación han quedado calcinados en Sevilla –y un cuarto en la madrugada de este martes– en los barrios del Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca, por la sobrecarga de potencia derivada del fraude masivo sin que se registraran víctimas. Igualmente, por el mismo motivo, han quedado calcinados un centro en el barrio El Puche, de Almería, y otro en Pinos Puente, en Granada.
Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando “graves riesgos tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno”, que sufren además problemas en su suministro eléctrico.
Por ello, la compañía ha incrementado la potencia en algunos puntos de la red gestionados por e-distribución para intentar evitar las interrupciones en el suministro a los vecinos. A pesar de esta medida –la potencia instalada multiplica hasta por doce la que sería necesaria en función al número de habitantes– las incidencias se suceden, lo que evidencia un “alto volumen” de enganches a la red, ha lamentado.
VIOLENCIA CRECIENTE
Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal”, según el ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución. “En un entorno de violencia creciente, en determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana”, ha afirmado Endesa.
También ha detallado que “las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones” y que, “en los últimos tres años, los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red”.
La filial de redes de Endesa ha detectado que las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios, el 74% de la energía defraudada. En los seis primeros meses de este año, e-distribución localizó en Sevilla 8.368 expedientes de fraude por un total de energía defraudada que superó los 52 millones de kilovatios hora, de los cuales cinco millones procedían de plantaciones de marihuana.
200.000 INSPECCIONES
El uso de las últimas tecnologías y la inteligencia artificial se han convertido en “valiosos aliados” para detectar las instalaciones fraudulentas, pero el trabajo final “corresponde a los técnicos e inspectores de la compañía y de las contratas”, que han realizado cerca de 200.000 inspecciones sobre el terreno en lo que va de año en España para detectar las manipulaciones de la red.
En algunas de esas inspecciones fue “decisiva” la colaboración de los ciudadanos, que pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico ‘anomalias@enel.com’, rellenar un formulario en la web de ‘edistribucion.com’ o llamar al teléfono gratuito 800760220.
A su vez, junto al riesgo para la seguridad de las personas y el impacto en la calidad del suministro eléctrico, el fraude tiene un “importante impacto económico” para toda la sociedad. Las estimaciones de la compañia indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
Sin embargo, pese a la relevancia de estas cifras y el impacto que actividades como el cultivo de marihuana indoor tiene en los barrios en los que se asientan, las penas por fraude eléctrico en España “son inferiores a las de los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania”, ha señalado.
Para concluir, Endesa ha reiterado su voluntad de colaborar con todas las administraciones y agentes implicados para “buscar soluciones a este problema que tiene un importante impacto en el conjunto de la sociedad”.
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