SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, para rebajar “al mínimo” que recoge la nueva Ley del Suelo de Andalucía (Lista) el importe de las garantías que deben abonar las empresas constructoras por proyectos de urbanización y obras en espacios públicos; se encuentra ya en fase de información pública y por ende de alegaciones.
En concreto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 6 de enero un anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, sobre el acuerdo aprobado al respecto por el pleno municipal el pasado 22 de febrero, con el apoyo del Gobierno local del PP, del PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU.
“Este trámite será de 20 días y se inicia el día de la presente publicación en el portal web y finaliza a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”, figura en dicho anuncio.
En concreto, la modificación establece en lo relativo al importe de constitución de dicha garantía por parte de las empresas constructoras, que será “por importe no inferior al siete por ciento de los gastos de urbanización”, para “ajustar” este precepto a la mencionada nueva Ley del Suelo de Andalucía.
Al respecto, durante aquella sesión plenaria, la portavoz del Grupo de Podemos-IU, Susana Hornillo, de Podemos, alertaba de que actualmente, la garantía exigida a las empresas constructoras respecto a sus proyectos de urbanización es del 25 por ciento del coste de la obra, exponiendo que con esta operación se reduce dicha garantía, aún cuando es un “respaldo” para el Ayuntamiento en caso de “incumplimientos” por parte de las empresas.
Ello, según la edil, cuando la actual normativa municipal “no discrepa” de lo recogido en la Lista, que según ha dicho permitiría mantener la actual garantía del 25 por ciento. Así, avisaba de que se trata de una medida que “perjudica” al interés general de la ciudad porque según ha insistido, el importe de las garantías “respalda” al Consistorio ante “incumplimientos o demoras” de las constructoras.
El concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, explicaba de su lado que se trata de una mera “adaptación” del PGOU a la nueva Ley del Suelo de Andalucía, rebajando “al mínimo” la garantía exigida a las constructoras respecto al importe de sus proyectos de urbanización, para “eliminar trabas” y tener “ventaja” en materia de atractivo empresarial. Además, negaba que los intereses generales queden “desprotegidos”.
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