“El daño personal, profesional y político causado por estas denuncias falsas no puede quedar impune”, asevera el PSOE
SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El PSOE de San Juan de Aznalfarache ha celebrado este jueves que el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla haya acordado el sobreseimiento provisional de la investigación derivada de las denuncias de Vox y el PP por presuntos delitos de prevaricación y de malversación, con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de la localidad cuando estaba gobernado por el PSOE con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social ‘Ossetana’.
En un auto de fecha 26 de febrero, dicha instancia judicial ordena el “sobreseimiento provisional de las actuaciones, sin perjuicio de reserva de acciones civiles y administrativas para los partidos políticos denunciantes en este procedimiento, Vox y el PP”.
Ante ello, la agrupación socialista de San Juan destaca que esta decisión judicial ha “desmontado las infundadas acusaciones vertidas por la hoy alcaldesa María Luisa Moya, su partido, el Partido Popular, y Vox”. “Durante meses, el PP ha utilizado esta denuncia como herramienta de desprestigio con el único objetivo de manchar el nombre de personas honradas y de tratar de manipular a la ciudadanía. No les importó jugar con el honor y la reputación de ediles que siempre han trabajado por el bienestar de San Juan. Su estrategia del fango ha sido evidente: generar una falsa sombra de corrupción y así asaltar la alcaldía a cualquier precio”, critica el PSOE.
Por eso, el partido reclama “una disculpa pública por parte de la alcaldesa y del PP, que utilizaron esta falsa acusación para sembrar dudas y alimentar el descrédito contra el anterior equipo de Gobierno” del PSOE. “El daño personal, profesional y político causado por estas denuncias falsas no puede quedar impune”, asevera el PSOE.
NO HAY DELITO
Tras analizar el caso, el juzgado señala en su último auto que finalmente, no aprecia “irregularidades o actuaciones irregulares respecto de los denunciados, que puedan encuadrarse como constitutivas de infracción penal”, pesando “la declaración de la Secretaria General del Ayuntamiento desde 2019, Miriam Cornejo, cuando afirmó que su actuación era una advertencia hacia el futuro, pero que hasta el momento la subvenciones eran conforme a derecho, afirmando igualmente por otros declarantes, fundamentalmente por Juan Alfredo Guzmán, interventor desde Diciembre de 2018 a Junio de 2020 en el Ayuntamiento, que la subvención cumplía los requisitos básicos para su validez, aunque su regulación fuera mejorable”.
CASO ARCHIVADO
“Las posibles deficiencias jurídicas que podía tener su tramitación o ejecución, como se ha afirmado por el interventor y por la secretaria, no suponen inobservancia de los tramites del procedimiento e igualmente ha quedado acreditado que se trataba de una subvención normativa, y que por tanto, como se ha afirmado por los técnicos denunciados y testigos del procedimiento, no estaba sujeta a los principios de concurrencia e igualdad, y que respecto a lo que ya se ha indicado de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, pueda encontrarse con una mera irregularidad respecto de que pueda ser al mismo tiempo colaboradora y beneficiaria, pero esa irregularidad no afectaba para nada a los intereses generales del Ayuntamiento y de la población”, explica el juzgado a la hora de archivar la causa.
“No queda acreditado la existencia de delito de prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos”, resume finalmente el juzgado tras haber analizado el asunto.
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