SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Sevilla celebra este jueves su pleno ordinario de noviembre, con un orden del día en el que figuran aspectos relativos al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), a la falta de personal especializado para la atención de necesidades especiales en los centros educativos y a la reforma legislativa promovida por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, para eliminar el actual delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados.
El orden del día, recogido por Europa Press, incluye la aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión de Tutela de la Diputación; así como trámites de proyectos y de ocupación de terrenos para las obras de ensanche de la carretera SE-3308, que enlaza Umbrete y Benacazón; y para la construcción un carril bici desde la rotonda de la carretera SE-3407 hasta la calle Antonio Machado, en Santiponce.
También figura un acuerdo destinado a la actualización de los convenios para la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), financiado por el conjunto de administraciones, mediante la aprobación de sendos modelos diferenciados “de cooperación para la gestión laboral y para la asistencia administrativa y técnica”; así como una nueva modificación presupuestaria y diversos reconocimientos extrajudiciales de crédito.
En el capítulo de las mociones, el PSOE elevará a debate una destinada a reclamar a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, contratar personal especializado para la atención de alumnos con necesidades especiales en los centros educativos, ante la falta de profesionales que denuncian las familias y colectivos.
PP y Cs, de su lado, cuentan con sendas mociones por separado para rechazar la reforma legislativa promovida por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, para eliminar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación; y sustituir tal tipificación por otra de desórdenes públicos agravados con penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.
El PSOE y Unidas Podemos justifican la operación señalando que “la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado” el delito de sedición “ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica”; agregando que se trata de equiparar las penas a “otros ordenamientos jurídicos europeos”.
El PP, de su lado, ve un “intento de debilitar al Estado” y acusa al Gobierno central de “ceder” siempre ante ERC, usual aliado parlamentario del Ejecutivo en las votaciones en el Congreso de los Diputados y partido que gobierna en Cataluña, por cuyo proceso de independencia de otoño de 2017 fueron condenado por sedición diferentes líderes independentistas. Así, el PP acusa al PSOE de estar “participando activamente en el descrédito y el menoscabo de instituciones fundamentales del Estado”.
El grupo que conforman los diputados de IU y una diputada provincial alineada con la refundada marca Adelante Andalucía, de su lado, defenderá una moción para reclamar a la Junta un “Plan de Acción Local dirigida a los ayuntamientos”; mientras Vox pedirá una modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Diputación y todos los partidos salvo este último promueven una propuesta conjunta por el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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