SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado la nueva convocatoria anual del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, el antiguo Plan de Urgencia Municipal (PUM), con 15 millones de euros a los que se sumarán los 1,53 millones de euros procedentes de las aportaciones de los ayuntamientos, al objeto de que los mismos promuevan contrataciones temporales entre personas desfavorecidas de los municipios.
Con la única abstención del diputado de Vox y el apoyo del resto de grupos, el pleno ha validado así la nueva convocatoria de este plan anual, que gracias a las aportaciones municipales contará este año con algo más de 16,53 millones de euros, siempre en el marco del plan provincial Contigo, financiado principalmente con los remanentes de tesorería de la Diputación.
La diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, ha expuesto que este plan “contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por el contexto social y económico de crisis persistente tras la pandemia, que viene padeciendo la ciudadanía en los municipios sevillanos”.
El plan, derivado del antiguo PUM, aborda la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, de corta duración, con una nueva dotación económica que permita a los destinatarios finales disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad.
Mediante la convocatoria, que se publicará tras la aprobación plenaria, se conceden subvenciones a los ayuntamientos en régimen de concurrencia no competitiva mediante el prorrateo, para que los mismos usen los fondos para contrataciones temporales entre personas desfavorecidas que así lo acrediten.
Ello, para facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica; dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual situación económica; incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente a víctimas de violencia de género; contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, así como realizar pequeñas obras de interés social para el municipio.
Serán los trabajadores sociales de los ayuntamientos, tras la comprobación de las solicitudes, los que emiten con carácter preceptivo un informe social en el que hará constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos necesarios para acceder a las ayudas.
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