SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El consejo rector del Organismo de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla, celebrada este viernes y presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado el aumento de los anticipos ordinarios para los consistorios sevillanos en 2023, hasta 281,5 millones de euros, y la devolución a éstos de 2,37 millones con motivo de la liquidación definitiva de la tasa para la recaudación voluntaria del ejercicio 2022.
De igual modo, el Consejo ha aceptado la delegación de Los Molares, que renueva el convenio vigente y le incluye otras competencias, tal como ha informado el organismo provincial en una nota de prensa. Este resultado de la liquidación tiene su origen, ha explicado la Diputación, en el acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2015, mediante el que se modificaba la tasa de recaudación voluntaria.
Con la tasa configurada en el plenario de esa fecha, el organismo, a lo largo del ejercicio, realiza una serie de liquidaciones provisionales de los resultados de su gestión, aplicando en ellas un tipo fijo. Una vez cerrado el ejercicio se realiza una liquidación definitiva, atendiendo al volumen de cargos realizados por cada municipio (distinguiendo si tienen su origen en tributos en los que tenga delegada la gestión o no) y aplicando una escala de tipos decrecientes por tramos en función del aumento del volumen, devolviéndose el exceso ingresado a cuenta.
Durante el ejercicio 2022, el Opaef ha recaudado en voluntaria 354 millones de euros. A esta cifra, se le ha aplicado una tasa media del 2,06%, equivalente a la del ejercicio anterior, siendo el tipo más bajo aplicado del 1%. Otros cinco municipios tienen una tasa inferior al 2%. Como resultado se ha procedido a devolver 2,37 millones de euros a los distintos ayuntamientos.
Según ha explicado el presidente provincial, “la modificación de la tasa en 2015 supuso una disminución del coste medio para los Ayuntamientos del 3,3 al 2,17 (aproximadamente un 35%), habiéndose reducido desde entonces once puntos básicos, algo más del 5%. Esto ha supuesto el reintegro a las entidades delegantes de 21,7 millones de euros”.
Para Villalobos, “estos datos ponen de manifiesto una vez más el esfuerzo realizado desde este Organismo para disminuir los costes del servicio que ofrece a los ayuntamientos, una tarea que ha sido constante desde que en 2010 iniciáramos el sistema de bonificaciones crecientes a las citada tasa de voluntaria, y que modificamos en 2015 por el actual sistema de liquidaciones provisionales durante el ejercicio al tipo provinsional del 2,75 %, con regularizaciones posteriores una vez que hay conocimiento del volumen definitivo alcanzado en la recaudación”.
De otra parte, el Consejo ha tenido conocimiento del incremento de los anticipos ordinarios para 2023, que alcanzarán un total de 281,5 millones. Este aumento resulta de la entrada en vigor en 2023 de la delegación realizada por el Consorcio de Aguas Sierra Sur, razón por la cual no se contemplaba su anticipo, que asciende a 1,4 millones, en el acuerdo inicial de 20 de enero.
Por último, en esta sesión, se ha aceptado la ampliación de la delegación del Ayuntamiento de Los Molares al organismo, que añade las competencias censales, de gestión, inspección y recaudación tributaria (incluyendo la potestad sancionadora derivada de las mismas) en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la recaudación voluntaria de la tasa de contravados al convenio vigente, firmado en 2011, y ahora renovado.
El organismo ya trabajaba con el Ayuntamiento de Los Molares en la gestión censal y tributaria y la recaudación voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), la inspección del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) así como la recaudación voluntaria de la Tasa de recogida de basuras y de entrada de vehículos, y la recaudación ejecutiva de cualquier otro recurso de naturaleza pública de titularidad municipal.
De igual modo, recoge el convenio, la delegación de la potestad sancionadora para la instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos por infracciones al texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las ordenanzas municipales en esta materia, que regían por el convenio de 17 de junio de 2015.
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