SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Morón de la Frontera (Sevilla) aún no ha citado a declarar al jugador del Sevilla FC Kike Salas ni a sus dos amigos detenidos junto a él por presunta estafa, en espera del resultado de las pesquisas de la Policía Nacional sobre los hechos que investiga, según los cuales Salas habría forzado presuntamente tarjetas amarillas en su contra en el terreno de juego, para que personas de su entorno social ganaran dinero con apuestas deportivas.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los tres detenidos, ya en libertad, tienen la condición judicial de investigados, pero por el momento no han sido citados a declarar en tal condición por parte del Juzgado, a la espera del resultado de las pesquisas policiales que se están desarrollando, que incluyen el análisis de diferentes pruebas, entre ellas las conversaciones mediante los teléfonos móviles de los inculpados.
Este procedimiento se incoó el día 12 de diciembre del pasado año 2024, tras recibir el Juzgado unas diligencias de investigación preprocesales por parte de la Fiscalía, según precisa el TSJA.
APUESTAS ILEGALES
La investigación indaga presuntas apuestas ilegales por las que el jugador habría forzado tarjetas amarillas en encuentros oficiales de La Liga en connivencia con estas personas de su entorno. Los partidos se celebraron en el tramo final de la pasada temporada, en la que el equipo hispalense consiguió mantenerse en Primera División.
Los investigadores sospechan que el sevillista podría haber participado en una treintena de apuestas amañadas desde Morón de la Frontera, lo que habría generado unas ganancias de unos 10.000 euros en un mes, según las primeras indagaciones.
En un comunicado, el Sevilla F.C. ha mostrado así su “total respeto a los procedimientos judiciales”, señalando además el “principio de presunción de inocencia” que asiste a cualquier persona ante procesos de esta naturaleza, también en este caso; y además, condena “cualquier conducta fraudulenta en el mundo del deporte y en particular las que puedan afectar a la integridad de la competición”.
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