SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, encargado de la causa incoada contra la exalcaldesa popular de Bormujos Ana Hermoso, por presunta malversación al abonar a la plantilla municipal una supuesta “productividad injustificada” destinada a “eludir” intencionadamente la supresión estatal de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, requirió en diciembre del año pasado al Consistorio la identificación de los empleados que habrían percibido dicha productividad “no justificada” y “las cantidades concretas” cobradas por cada uno de ellos.
En concreto, en una providencia de fecha 12 de diciembre de 2023, dicha instancia judicial pedía al Ayuntamiento los datos domiciliarios del exalcalde socialista Francisco Molina, cuyo partido denunció el caso; así como la identificiación de los empleados municipales que habrían cobrado dicha productividad “no justificada”, para su “citación a juicio como “responsables civiles a título lucrativo” y “las cantidades concretas que percibió cada uno”.
En el escrito de acusación de la Fiscalía contra Ana Hermoso se detalla que los hechos se remontan a 2012, cuando Hermoso era la alcaldesa de Bormujos, año en el que el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy promulgó un decreto ley suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad de ese año para los empleados de todo el sector público, en el marco de las intensas medidas de austeridad implantadas por los populares ante las consecuencias de la gran crisis financiera mundial desencadenada a partir de 2008.
“CLARA INTENCIÓN DE ELUDIR LAS NORMAS”
En ese marco, según el Ministerio Público, la acusada “con la clara intención de eludir tales normas”, ordenó como alcaldesa al departamento de personal del Ayuntamiento que creara “un subcomplemento de productividad a partir del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2012 una sexta parte de lo que les hubiera correspondido por la paga extra suprimida” por el Gobierno central, dictando ella misma una resolución para “encubrir los pagos fraccionados de la paga de Navidad” y ordenando “el abono a los empleados en concepto de complemento de productividad, no justificada, del importe de la paga extraordinaria ya referida”, con un desembolso total de 169.678 euros.
Es más, según la Fiscalía, ya en 2014, cuando el Gobierno central aprobó “la recuperación de los importes dejados de percibir por la paga extraordinaria suprimida”, el Ayuntamiento de Bormujos “dictó las oportunas resoluciones por las que desembolsó” otros 119.162 euros en favor de la plantilla municipal y respecto a la paga extra suprimida, con lo que “se produjo un doble ingreso” a los empleados municipales.
PETICIÓN DE CONDENA
Dado el caso, la Fiscalía reclama para Ana Hermoso cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación, así como cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y la obligación de indemnizar con 169.678 euros al Consistorio “por la cantidad destinada a la productividad no justificada”.
La defensa de la exalcaldesa, ejercida por el abogado Manuel Pérez Peña, niega de su lado que tales productividades fuesen una paga extraordinaria “encubierta”, destacando que en sus comparecencias judiciales, los funcionarios habilitados nacionales que en aquellos momentos estaban al frente de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento de Bormujos avalaron los pagos porque los reparos formales presentados a los mismos eran levantados por el pleno, con el voto a favor de tal extremo de todos los ediles, incluso los del PSOE.
El Ayuntamiento de Bormujos, actualmente gobernado por la popular Lola Romero junto con Vox, formalizó de su lado su escrito de acusación reclamando para la exalcaldesa popular dos años de prisión por presunta malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un posible delito continuado de prevaricación, así como la obligación de indemnizar a las arcas públicas con 169.678 euros, cantidad de la que “deberán responder de forma solidaria y como partícipes a título lucrativo los trabajadores a los que se hubiere pagado las productividades no justificadas, a razón de lo que cada uno haya percibido”.
LA PLANTILLA MUNICIPAL
El PSOE, como denunciante del caso, viene defendiendo que “siempre” se ha opuesto a que el asunto derive en la obligación de que los empleados devuelvan el dinero de las citadas productividades, que según la Fiscalía habrían derivado en un “doble ingreso” para los mismos; exponiendo que cuando gobernaban el Ayuntamiento la representación del mismo en la causa tenía “instrucciones” para ello.
El actual Gobierno local de PP y Vox culpa a los socialistas de la vertiente del asunto que afectaría a la plantilla municipal y sostiene que en el proceso judicial prevé adherirse finalmente al posicionamiento de la Fiscalía, con el deseo de que el procedimiento “termine bien para los trabajadores”.
- Te recomendamos -
