SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla prevé finalizar este jueves, a partir de las 9,00 horas, el juicio iniciado el pasado 4 de julio para resolver la reclamación de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
La sesión comenzará a las 9,00 horas con una última comparecencia pericial propuesta por la representación de Boliden, tras lo cual comenzará la fase de presentación de las conclusiones de cada una de las partes, toda vez que la demanda de la Junta se dirige contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, en reclamación del dinero de los gastos sufragados por la Administración andaluza para la recuperación ambiental del área afectado por dicho macro vertido.
Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.600 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
La Administración andaluza, según la representación jurídica de la misma, asumió la “intervención coordinada” para combatir el citado macro vertido y restaurar el daño medioambiental, aunque desde un primer momento con la “voluntad” de “repercutir” los gastos afrontados a los responsables de la situación, asegurando que merced a la Ley de Minas, Boliden está “obligada” a resarcir los gastos sufragados para la restauración medioambiental de la extensa zona afectada por la catástrofe.
Pero la representación legal de Boliden Apirsa alega que de la regulación en la materia y los hechos resulta “palmario” que no pesa “obligación” alguna de compensar a la Junta de Andalucía, avisando además de que la demanda de la Junta incluye cantidades “no imputables” a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de “mejora” para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos “innecesarios” a juicio de la entidad.
EL DESTINO DE LAS ACTUACIONES
Durante el juicio, Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada ante la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina; aseguraba que “todas” las actuaciones acometidas y cuyo coste reclama la Junta de Andalucía a la empresa “fueron motivadas por el vertido” y que la socioeconomía de la zona sigue “pagando las consecuencias del vertido”.
Serrano Aguilar descartaba que el Corredor Verde fuese un proyecto planeado antes de la catástrofe medioambiental, señalando eso sí que fue pensado “aprovechando” dicha situación; defendiendo en ese sentido la necesidad de acometer una “descontaminación global” de todo el entorno y una reforestación del mismo, pues según alertaba, 25 años después aún existen zonas afectadas por contaminación.
Este especialista, así como una funcionaria de la Junta de Andalucía ingeniera de montes y miembro de la Oficina de Restauración; declaraban además que la Administración compró a los propietarios de los terrenos afectados por el vertido “partes” de sus fincas que no habían sido alcanzadas directamente por los lodos contaminantes, exponiendo en ese sentido que se trataba de titulares que dada la afección de sus suelos de cultivo, ya no estaban “interesados” en continuar con la actividad agrícola o que ya estaban al borde de la jubilación.
EL “SEGUIMIENTO” DEL “IMPACTO” DEL VERTIDO
Antonio Carbajal, el que fuera responsable de una empresa de consultoría medioambiental contratada por la Junta de Andalucía para elaborar informes de “seguimiento” del “impacto” del siniestro y así “acotar” el mismo, aseguraba de su lado que salvo los pozos de agua “invadidos por los vertidos”, las aguas subterráneas no resultaron afectadas y las superficiales, una vez comenzadas las labores de recuperación, “enseguida volvieron a parámetros normales” y presentaban “el PH propio del agua potable”.
En cuanto al consumo de alimentos, manifestaba que una vez “encapsulada la zona” afectada por el vertido, caracterizada por los cultivos agrícolas, no hubo “riesgos” para la salud pública.
En el caso de Robert Gibb, quien como miembro de la consultora económica Ernst & Young se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Apirsa entre 1994 y 2002, autor de dos informes emitidos en 2003 y 2005 sobre las “cantidades gastadas” por la entidad como consecuencia del “accidente” de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina; constataba que las facturas e informes incluidos en la contabilidad de Boliden-Apirsa reflejan que la entidad afrontó costes por unos “115 millones de euros”.
LOS GASTOS PROPIOS DE BOLIDEN
Entre estas cuantías destacaba 45,8 millones de euros en investigaciones y obras relacionadas con el asunto, en especial 30 millones de euros para el sellado de la balsa; y unos 31,4 millones de euros destinados a las labores de retirada de lodos contaminantes.
Eso sí, el auditor reconocía que dichas cuantías incluyen además gastos por viajes de especialistas y técnicos procedentes de países como Suecia y llegados a Aznalcóllar para “ayudar” en los trabajos o incluso cursos de formación en la materia.
Del mismo modo, este auditor de cuentas de Boliden-Apirsa señalaba que la entidad cesó su actividad en diciembre de 2001, asegurando que “en absoluto” incurrió en un abandono como tal del recinto minero siniestrado, sino que acometió un “proceso muy ordenado” de salida del mismo, con el conocimiento de la Junta de Andalucía como entidad que le había adjudicado los derechos de explotación de la corta minera, según ha dicho.
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