CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha constituido este jueves, según lo anunciado, el grupo interadministrativo de trabajo destinado a abordar la presencia de contaminantes en la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) por la fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones, merced a la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE.
En la reunión han participado la consejera, Catalina García; el subdirector de Protección de la Salud de la Consejería de Salud y Consumo, Ulises Ameyugo, así como los delegados territoriales en la provincia de Sevilla de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo; de Salud y Consumo, Manuel Molina; y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio Ramírez.
También ha estado presente el secretario general provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Jesús González. Por parte del Ayuntamiento de Coria del Río, ha asistido su alcalde, Modesto González, acompañado de otros representantes de la Corporación Municipal. Asimismo, han participado representantes de Aljarafesa, Emasesa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como parte de las entidades implicadas en el seguimiento de esta situación; mientras los vecinos de la zona vienen lamentando no contar con participación en esta mesa de trabajo.
Ello, en un marco en el que pesa el informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el “foco contaminante” de la gasolinera.
“AFECCIÓN” A LAS PERSONAS
Dicho informe técnico, según expone la Fiscalía de Sevilla, “confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”; con lo que “se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado”, que conforman “aguas, suelos y salud de los habitantes”.
Durante la reunión se ha acordado por unanimidad llevar a cabo una serie de actuaciones adicionales para constatar el estado ambiental de la barriada Guadalquivir.
Por un lado, la Consejería de Sostenibilidad va a realizar nuevas mediciones de la calidad del aire atmosférico en distintos puntos del municipio. Para ello, se empleará una nueva estación móvil de control que ha adquirido la Consejería, así como nuevos dispositivos de control para caracterizar y analizar la presencia de contaminantes. La duración de la campaña se determinará en función de los resultados que se vayan obteniendo y permitirá disponer de datos actualizados sobre la composición del aire en la zona y detectar cualquier posible alteración.
INSPECCIÓN EN LA GASOLINERA
Por otro lado, la Consejería de Industria, Energía y Minas, en el ámbito de sus competencias de control de la seguridad industrial, ya ha iniciado los trámites para solicitar una “inspección completa” de la estación de servicio. Esta actuación de control incluirá pruebas de estanqueidad de tubería y depósitos para comprobar el estado de seguridad industrial en el que se encuentra la citada estación.
El grupo de trabajo ha acordado por unanimidad impulsar estas nuevas medidas y continuar con el seguimiento de la situación ambiental en la zona. Las acciones que se van a desarrollar permitirán información precisa sobre la calidad del aire y sobre el estado de las infraestructuras asociadas a la estación de servicio.
Sobre el asunto pesa también la investigación penal del caso y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales en 2024.
LA SENTENCIA DEL TSJA
En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal; que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.
El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente, es “inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con clara afectación a las viviendas de los vecinos”, ordenando al Ayuntamiento reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de “realojo” pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.
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