El auto también afecta dos ex regidores más del PSOE y a un empleado que habría cobrado “240.000 euros” sin título para sus funciones
SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha acordado continuar por el trámite del procedimiento abreviado, las diligencias incoadas contra la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y tres exalcaldes socialistas por su papel como antiguos presidentes de la misma, por el caso de un funcionario que habría podido “cobrar indebidamente” unos 240.000 euros por ejercer funciones ajenas a su categoría, extremos por los que dicha instancia aprecia posible prevaricación.
Uno de los citados exalcaldes del PSOE afectados por esta decisión judicial es el ex primer edil de La Puebla del Río Julio Álvarez González, quien este pasado miércoles aceptaba ante la Audiencia de Sevilla una pena de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al reconocer un delito de prevaricación en varias contrataciones de la Mancomunidad del Guadalquivir cuando dicho dirigente presidía la entidad.
Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla del Río un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento.
En este otro caso en cuestión, tramitado por el Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor, dicha instancia dictó el pasado 22 de junio un auto recogido por Europa Press, abordando de nuevo las actuaciones relativas a una denuncia de la Sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, según la cual el trabajador Domingo G.M., “antiguo líder sindical de CCOO, desde hace más de diez años” venía cobrando “emolumentos salariales indebidos” por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo un informe del secretario de la entidad emitido en abril de 2020, que reflejaría Domingo G.M. habría “desempeñando funciones propias de inspector de servicios” supuestamente sin título para ello y habría podido “cobrar indebidamente” unos 240.000 euros en diez años.
A tal efecto, el juzgado desgrana, tras las pertinentes actuaciones, que los hechos se remontan a 1990, cuando Domingo G.M. trabajaba como funcionario del Ayuntamiento de Bormujos, incorporándose a la Mancomunidad del Guadalquivir “con la categoría de conductor”, tras lo cual en 1991 inició “funciones con categoría de inspector en la entidad hasta su cese en dicho puesto el 24 de abril de 2021, cuando retomó las funciones prestadas como funcionario del Ayuntamiento de Bormujos”.
INCUMPLIMIENTOS
Este hombre habría trabajado como inspector, según el juzgado, “sin disponer de formación requerida para las funciones que desempeña, ni nombramiento realizado de conformidad a las condiciones de su puesto como funcionario publico, percibiendo en las nominas complementos salariales específicos de gratificación extraordinaria y complemento de productividad mensual al efecto de equiparar el salario del mismo al del personal laboral que realiza de forma efectiva las funciones de inspección”.
Su asignación de funciones de inspección en la Mancomunidad, según el Juzgado, “no se ajusta al procedimiento de selección de funcionarios de régimen local, no realizándose respecto de la plaza ocupada por el mismo inclusión en convocatorias de provisión de puestos de trabajos o de oferta de empleo publico”. Además, el auto señala el mencionado informe de la Intervención, según el cual habría pesado una “vulneración de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia, merito y capacidad”, entre otros aspectos.
Las nóminas de este varón con los mencionados complementos fueron aprobadas, según el auto, por los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González, Rafael Moreno y José de la Rosa Solís, hasta que en 2019 el también socialista Romualdo Garrido, alcalde de Gines entonces y ahora, solicitó “un informe de intervención respecto de la cuestión y causó el cese de las funciones que prestaba Domingo en la Mancomunidad en tales condiciones”.
POSIBLE PREVARICACIÓN
Dado el caso, el juzgado detecta un posible delito de prevaricación por parte de Domingo G.M., Julio Álvarez González, Rafael Moreno y José de la Rosa Solís, ordenando seguir contra ellos y la Mancomunidad las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, sin encontrar de otro lado “indicios suficientes” contra Romualdo Garrido, Jorge R.C. como gerente de la Mancomunidad y otras personas.
La Sección de UGT en la Mancomunidad, como denunciante del caso, ha expuesto que a sus representantes les fue “ocultado” el sueldo de Domingo G.M., incluso cuando habían “solicitado explicaciones” a Jorge R.C. como gerente, sin obtener información del mismo. El sindicato señala además el papel de Domingo como “antiguo líder sindical de CCOO” y el hecho de que pasase “20 años en comisión de servicios” cuando el tiempo máximo para esa situación es “de dos años”.
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