Publica un tuit en el que asegura que su abuelo, “uno de los alzados, habría sido fusilado” de no haber triunfado el golpe de estado
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El diputado de Vox por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados Francisco Contreras ha reaccionado en la red social Twitter a la carta remitida por el Gobierno central a la hermandad de la Macarena, instando a retirar de su basílica la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, al prohibir la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática la presencia de restos mortales de dirigentes del citado golpe militar en lugares preeminentes de acceso público.
En un contexto en el que la hermandad de la Macarena ha manifestado su voluntad de “cumplir escrupulosamente” la citada legislación y el Ejecutivo central ha agradecido la “total sintonía” de la entidad respecto al requerimiento, Francisco Contreras ha publicado un mensaje en la red social Twitter manifestando que la represión atribuida a Gonzalo Queipo de Llano “existió”, a cuenta de los fusilamientos que se le achacan.
En paralelo, el citado diputado de Vox señala “la audacia de Queipo, sin la cual no habría triunfado el alzamiento” militar de 1936 en “Sevilla la roja”, “llena de milicias izquierdistas”. “Mi abuelo, uno de los alzados, habría sido fusilado, y yo no existiría”, plantea respecto a lo que a su entender habría sucedido de haber fracasado en la capital andaluza el golpe de estado.
Al punto, ha criticado que “siguen en su sitio los monumentos a Indalecio Prieto”, ministro socialista de la II República que en 1934 impulsó la revolución o huelga general revolucionaria promovida por el PSOE y UGT, tras la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno republicano. En ese sentido, señala los “1.400 muertos”, la mayoría civiles, que dejó aquel episodio, sofocado mediante la movilización del Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.
EL PAPEL DE LARGO CABALLERO
También reprocha el caso del dirigente socialista Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros de la II República entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, “bajo cuya responsabilidad se masacró a decenas de miles de católicos y derechistas” durante la Guerra Civil, según avisa.
“No buscan la justicia; buscan la venganza y la asimetría. Lo civilizado es no perturbar el reposo de los muertos. Sean quienes sean”, culmina el diputado nacional de Vox.
El artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria Democrática, en cualquier caso, estipula que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.
LA NUEVA LEY
El artículo 35.5 señala directamente que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
LA LEY AUTONÓMICA
En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen “vinculante” sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros “elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares”.
Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban “palmarias diferencias” entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un “lugar privado de uso público”.
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