SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla, gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar; ha alertado de que la entidad ha acometido dos despidos como “represalia” por las movilizaciones, toda vez que los trabajadores tienen aprobados nuevos paros parciales desde mediados de este mes de febrero y una “huelga indefinida” desde el 22 de marzo Viernes de Dolores.
Santiago López, portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en este servicio municipal externalizado, que encabeza el comité, ha informado de que la empresa ha acometido estos despidos esgrimiendo un presunto “bajo rendimiento” de estos trabajadores, extremo que ha negado asegurando que se trata de una “represalia” por las movilizaciones.
Uno de los afectados, según López, había manifestado ante la Inspección de Trabajo que el cuadrante adicional de horas extra promovido por la empresa en el periodo navideño, coincidiendo con los paros parciales, fue comunicado como “de obligado cumplimiento” con el aviso de que de no ser así, habría “consecuencias”. En ese sentido, ha insistido en que el citado cuadrante colisionaba con el derecho a la huelga de la plantilla.
Este servicio público ha estado marcado por los paros parciales protagonizados por los trabajadores durante el periodo navideño, con la suspensión de “cerca de 60 servicios” requeridos por la Policía Local para la retirada de vehículos estacionados en lugares indebidos, según el sindicato.
En su anterior escrito de preaviso de huelga, los representantes sindicales de la plantilla señalan que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, huelga incluida.
LA HUELGA DE PRIMAVERA
Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada entonces por el Grupo SSG, no había “subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (…), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva”.
El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera “transitoria” hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.
La empresa, según el acuerdo, aplicaría esta primera medida en materia de nóminas, incluso de manera retroactiva, con el compromiso de no incorporar a nuevo personal durante este periodo transitorio, a menos que la plantilla actual no pudiese afrontar las contingencias del contrato.
“INCUMPLIMIENTO” DE LOS ACUERDOS
Pero desde entonces, según el comité de huelga, encabezado por el Sppme, la entidad estaría “faltando de forma recurrente a su compromiso , incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos”, como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo “hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable”, extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.
También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores “cláusulas abusivas de movilidad geográfica”; criticando en paralelo la instalación de “sistemas de videograbación” en el centro de trabajo, con “pretensión” de hacerlo además en los vehículos grúa, con una “más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen” de los trabajadores.
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