SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Sevilla comienza este nuevo año 2025 pendiente de emitir las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) con relación al “procedimiento específico” de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias; juicios de piezas separadas de dicha macro causa como las de Fertiberia o Cenforpre; la macro vista por posibles delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis y el juicio a la actriz María León.
En concreto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, autora de la sentencia inicial de la llamada pieza “principal” de la macro trama de los ERE, debe dictar tales nuevas sentencias merced a la decisión del Tribunal Constitucional de estimar parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros de los condenados, anulando las condenas que les impuso la Audiencia y ordenando a dicha instancia estas nuevas resoluciones con la directriz de incorporar una nueva doctrina.
Porque según el TC, “no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo”.
“Al haberlo entendido así las sentencias impugnadas han incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de ‘resolución’ y ‘asunto administrativo’ que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”, avisa el TC con relación a lo aplicado por la Audiencia a ambos expresidentes autonómicos.
Para la emisión de estas nuevas sentencias, recordémoslo, la Sección Primera de la Audiencia ha conformado una sala ampliada con las dos magistradas aún en activo del tribunal que dictó la sentencia original; Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, –la última de ellas en situación de excedencia voluntaria y actualmente jueza en la Audiencia de Alicante–, junto con los también magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco.
La creación de este tribunal ampliado deriva de la “dificultad y trascendencia jurídica” implícita en la emisión de las nuevas sentencias incorporando el criterio introducido en el asunto por el Constitucional.
MÁS PIEZAS SEPARADAS DE LOS ERE
A colación, la misma Sección Primera de la Audiencia reanuda el 7 de enero, justo tras el día de Reyes Magos, el juicio promovido contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y Juan Antonio F.G., otrora secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO; por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del “procedimiento legal”, para pólizas de seguro de rentas de trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo acometidos por tal entidad, una de las múltiples piezas separadas de esta macro causa.
Por si fuese poco, el día 9 de enero, esta misma sección de la Audiencia prevé iniciar el juicio derivado de otra pieza separada de los ERE, en este caso la correspondiente a las pólizas de rentas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) e incentivadas por la Junta de Andalucía con 491.424 euros, figurando entre los acusados José Antonio Gómez Romón, conocido como ‘Pizo’ Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid.
Ya para el 3 de febrero está previsto el juicio con jurado popular promovido contra un preso de la cárcel Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, acusado de asesinar en el mes de febrero de 2023 a su compañero de celda tras asfixiarlo con un cordón, hechos por los que la Fiscalía reclama para él 19 años y once meses de cárcel.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para el acusado, O.E.K., de nacionalidad marroquí y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia; 19 años y 11 meses de prisión y que indemnice con un total de 197.820,56 euros a la familia del fallecido por un presunto delito de asesinato, interesando que la pena de cárcel sea cumplida en su totalidad “por la entidad del delito cometido, en atención a la necesidad de garantizar la defensa del orden jurídico y el restablecimiento de la confianza de la norma infringida, dada la odiosidad y entidad de la tipología delictiva”.
EL MACROJUICIO DE AZNALCÓLLAR
Justo un mes después, el 3 de marzo, la Sección Tercera de la Audiencia tiene fijado el comienzo del juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, proceso en el cual pesa la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas.
Entre los acusados figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación, toda vez que el juicio se prolongará, en principio, hasta el 15 de julio.
EL PAPEL DE LA JUEZ MERCEDES ALAYA
La juez instructora acordó en 2021 la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los ERE.
Y para el 14 de marzo, el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla tiene fijado el juicio promovido contra la conocida actriz María León, para la cual la Fiscalía reclama un año y nueve meses de prisión por un presunto delito de atentado y una multa por un supuesto delito leve de lesiones, a cuenta de su supuesta agresión a una agente de la Policía Local en el marco de su detención por un incidente nocturno, extremo que ella viene negando al asegurar que fue “víctima de un abuso policial”.
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