SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha señalado que la fusión del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Ignacio de Loyola y San Juan de Ribera, situados en el Polígono San Pablo, se debe a “una gestión eficiente de los recursos públicos, porque no se está exactamente cerrando un colegio” sino que se “fusionan porque en la zona en la que están ambos colegios hay 45 plazas vacías”. Así, ha pedido “transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias” porque “se va a aumentar la plantilla y se va a convertir en un centro de referencia en educación inclusiva y atención a la diversidad con dos aulas de integración”.
Castillo ha respondido así a la pregunta formulada en la sesión de control al Gobierno de la Junta relativa al “cierre” del colegio San Ignacio de Loyola, por la diputada de Por Andalucía en el Parlamento, Alejandra Durán, en la que ha criticado que “el cierre de este centro obedece a un plan orquestado, estructurado y estudiado desde la Consejería para dañar a la mayoría social de Andalucía y en este caso a la comunidad educativa de la educación pública, porque desde que gobiernan se ha cerrado 2.402 aulas públicas y se ha incrementado en un 45 por ciento el cierre de líneas públicas y se han cerrado seis colegios públicos enteros en Andalucía”.
Según Durán, “no se entienden las motivaciones, porque el centro está creciendo en alumnado y 40 de los 120 alumnos de este centro son alumnos de necesidades especiales”. Se trata de “un centro donde no existe el acoso escolar, donde se cuida a los menores con TDAH y con autismo y no se les está dando una solución ni garantías de que vayan a recibir la misma atención donde van, donde tampoco se sabe cuál es la solución que se le va a dar al personal docente y no docente que trabaja en ese centro”. A lo que ha añadido que “no vale la falsa excusa de la bajada de la natalidad porque cerca de este colegio hay otro concertado”.
Por su parte, la consejera ha indicado que la decisión de fusionar los dos centros es debida a que ambos centros han sufrido una importante bajada el alumnado. Así, la reducción de matrículas ha provocado que, por ejemplo, en el colegio San Juan de Ribera tenga cuatro alumnos en primero de Educación Infantil, dos en Segundo de Primaria y ocho en quinto de estas mismas enseñanzas, por ello, desde la Consejería “se está en la obligación de gestionar los recursos públicos y garantizar la mejor calidad educativa”.
A lo que ha señalado que “el nuevo centro va a tener dos aulas de integración, cuando lo habitual es tener solo uno, los alumnos van a tener más recursos, mejor atención y más oportunidades”. Además, Castillo ha indicado que “tendrán mejores instalaciones con bioclimatización y se va a aumentar la plantilla de 13 a 16 docentes”. En lo que respecta al edificio del CEIP San Ignacio de Loyola “ya se está coordinando con el Ayuntamiento de Sevilla destinarle un nuevo uso educativo”.
En este sentido, Castillo ha señalado que “no hay que trasladar inquietud a la comunidad educativa, sino tranquilidad , con un nuevo colegio que va a tener todas sus unidades completas, con los mismos recursos en todas”, porque “Hay más de 500 unidades más en el sistema y, de ellas, 1.000 son unidades de atención al alumnado más vulnerables, por lo que no cerramos unidades, sino que las gestionamos mejor”.
EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El pasado martes 4 de febrero la comunidad educativa del San Ignacio de Loyola se concentraban a las puertas del centro donde padres y madres señalaban que “se teme que se pierda profesorado de educación especial con la fusión”. En este sentido, enfatizaban que “se ha trabajado mucho para conseguir una convivencia increíble y este centro es como una pequeña familia, profesores, alumnado y familiares van de la mano”. Además, “se ha peleado mucho por las infraestructuras para que ahora lo cierren”.
Finalmente, han señalado que “se espera que se tenga en cuenta que hay que movilizar a todo el alumnado de educación especial, que se va a ver afectado” pidiendo que “se tomen decisiones con fundamento”. Desde las familias han destacado la incertidumbre “no se sabe si se va a mantener el profesorado para el alumnado de educación especial durante las horas de comedor o cómo van a reaccionar los niños”. Una situación que “deja en el aire la estabilidad de la plantilla con destino definitivo en cada colegio y supone la desaparición entre ambos de once puestos de plantilla de funcionamiento, ahondando en el recorte del empleo público docente”, han concluido.
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