VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dado cuenta de que se ha dirigido hasta en tres ocasiones a la Administración andaluza, en demanda de información para evaluar una queja ciudadana sobre la situación de la asistencia sanitaria en Villaverde del Río (Sevilla), señalando la “falta de respuesta” en la que ha incurrido hasta ahora la Junta de Andalucía.
El asunto se encuadra en las acciones que promueve la plataforma que reclama mejoras sanitarias en Villaverde del Río, en demanda de la restitución del punto de urgencias de 24 horas al día con el que contaba la localidad, hasta su supresión con motivo de la reorganización de servicios acometida por la Consejería por la pandemia, para canalizar la asistencia hacia los centros con capacidad para circuitos diferenciados entre los casos de Covid-19 y los asuntos ajenos al citado virus.
Según el colectivo, fruto de las múltiples movilizaciones celebradas en efecto en el municipio, por ejemplo un encierro meses atrás, el horario de atención médica del consultorio local fue ampliado hasta las 20 horas.
TODO UN “AGRAVIO” COMPARATIVO
No obstante, la plataforma viene señalando que mientras el ambulatorio de Burguillos ha recuperado su servicio 24 horas de atención de urgencias, no ha sucedido lo mismo en Villaverde, avisando de un “agravio” comparativo y reclamando una vez más la plena restitución de las urgencias en este municipio.
Al respecto, en un documento emitido el pasado 13 de abril por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por una queja promovida por dicha plataforma ante la institución, por la situación descrita, el departamento de Maeztu expone que el 31 de octubre de 2022 requirió a la Administración andaluz “un informe” sobre el asunto y, “ante la falta de respuesta”, dicha petición de información fue “reiterada” en enero de este año.
SIN “LA INFORMACIÓN NECESARIA”
Pero según este documento, “a día de hoy”, la Oficina del Defensor del Pueblo no ha “recibido el informe solicitado”, por lo que no cuenta con “la información necesaria para analizar el asunto”, extremo por el cual se ha dirigido de nuevo a la Administración sanitaria para “recordarle el deber de auxiliar a esta institución, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones”.
Es más, según la institución de Maeztu, la misma ha avisado a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de que “en caso de persistir la falta de respuesta”, proseguirá con las “actuaciones para impulsar la investigación del objeto de la queja, pudiendo dar lugar la falta de colaboración a las consecuencias previstas en la Ley 9/1983 del Defensor del Pueblo Andaluz”.
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