MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto retomar este lunes el juicio por el denominado caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga). En concreto, seguirá practicándose la prueba del segundo bloque, relativo a supuestas contraprestaciones y pagos por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento.
La vista oral comenzó el 9 de enero con el trámite de cuestiones previas, en el que la Sala anuló las escuchas telefónicas y rechazó incluir un nuevo bloque para abordar el origen de la investigación y el papel del excomisario José Manuel Villarejo. Tras esto, comenzó el primer bloque, sobre actuaciones en materia de disciplina urbanística en el que sólo está acusado el exalcalde Antonio Barrientos.
El bloque actual, el segundo del juicio, cuenta con 14 procesados, entre ellos Barrientos, funcionarios municipales, como el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía; y empresarios. La mayoría se acogió a su derecho a no declarar, aunque el que sí lo hizo fue el exconcejal de Hacienda Manuel Reina, quien había llegado a un principio de acuerdo con el fiscal al comienzo de la vista oral.
Está previsto que hasta el 26 de abril comparezcan unos 50 testigos en este bloque, entre ellos el que fuera gerente responsable de Urbanismo tras los cambios en el Ayuntamiento motivados por el caso ‘Astapa’, que está citado para este lunes; así como policías nacionales y otros exfuncionarios municipales.
En este segundo bloque, según el fiscal, en el Ayuntamiento, “antes y después de las elecciones de 2007”, hubo ocasiones en que “por decisión” del entonces alcalde y del que era su jefe de gabinete “se supeditó la concesión de estas licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales del PSOE, o favores de tipo personal”.
Para esta acusación, “se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias”. Añade que “esta práctica irregular fue detectada a través de las intervenciones telefónicas autorizadas”, que fueron anuladas por el Tribunal del caso al estimar la cuestión previa planteada por las defensas de que estas escuchas no se realizaron de forma justificada.
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