MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes, sobre las dudas de Junts hacia una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como propuso en una entrevista esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “hemos propuesto agilizar el funcionamiento de la justicia” y seguidamente ha reivindicado la contribución de la Proposición de Ley de amnistía para expresar su deseo de que cuando vuelva a tramitarse en el Pleno del Congreso “ojalá sea con el voto afirmativo de Junts porque es bueno y es importante para Cataluña”.
En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga tras participar en la presentación del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en un desayuno informativo de Europa Press, Montero ha defendido que “estamos proponiendo hacer eficaz la garantía jurídica que tiene toda persona ante su defensa y esto es lo que se trata de abordar”.
La también vicesecretaria general del PSOE ha blandido la contribución tanto del Gobierno como del Partido Socialista a “la convivencia en el país” y ha colegido que “es evidente” que la situación en Cataluña “está hoy mejor que estaba en 2018” porque “las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez son eficaces para impulsar la convivencia y llegar al entendimiento”.
Montero ha explicado las desavenencias finales con Junts para que terminará rechazando la pasada semana la aprobación de la Proposición de Ley en el hecho de que “este partido planteaba una serie de enmiendas que nosotros entendíamos que no cabían dentro de nuestro texto y nos hemos mantenido y nos mantenemos en que la ley entró constitucional y tiene que salir constitucional”, por lo que ha apelado a que “la seguridad jurídica de la ley es muy importante para todos los procesos que posteriormente se tendrán que desarrollar”.
Cuestionada por el pronunciamiento del Parlamento Europeo favorable a que se indague la conexión entre el independentismo catalán y Rusia, la vicepresidenta y ministra ha esgrimido la necesidad de “respetar las decisiones judiciales”, aun cuando ha precisado que “se puede coincidir o no con determinadas apreciaciones sobre la tipificación de algunas conductas”, una discrepancia que ha calificado como “normalidad democrática”.
Ha planteado, que, desde la perspectiva de la separación de poderes, “ni el Ejecutivo entra en las decisiones del Poder Judicial ni el Poder Judicial tiene que entrar en las decisiones del Legislativo ni del Ejecutivo” al argumentar que con este ejercicio “se consagra el Estado de Derecho y esto se tiene que respetar por todas las partes”.
“Nosotros respetamos las instrucciones, las decisiones, pero hay algunas cuestiones que tenemos nuestra propia opinión y en alguna de ellas, no en esta, pero en alguna de ellas, el presidente ha dejado clara su posición respecto a lo que considera o no que ocurrió en el año 2017 en Cataluña, hechos gravísimos que así fueron calificados y así el Partido Socialista apoyó un 155, la primera vez en nuestra historia, para devolver la normalidad democrática”, ha continuado explicando la vicepresidenta y ministra, quien ha argumentado que “hay materias que sí se pueden tipificar como terrorismo y hay otras que son más controvertidas”.
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