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Málaga será sede del curso de verano “Un modelo de Justicia para Andalucía” que se celebrará del 11 al 13 de septiembre

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MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, inaugurará junto al rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García Pérez, el curso de verano ‘Un modelo de Justicia para Andalucía’, que se celebrará en Málaga del 11 al 13 de septiembre en la Sede Tecnológica y contará entre los ponentes con “destacados juristas” como el padre de la Constitución Española Miquel Roca, el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, o el fiscal jefe Antidroga Fernando Bentabol.

En un comunicado, el departamento que dirige Nieto ha precisado que el objetivo del curso es acercar esta consejería a la ciudadanía y a los sectores de la esfera judicial para “poner en común” la visión que tienen los profesionales del sector sobre los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia y ofrecer soluciones y nuevas perspectivas sobre el futuro y la “necesaria modernización” de la planta judicial andaluza.

Tras la inauguración oficial, la conferencia inicial correrá a cargo de Miquel Roca, que abordará ‘Una mirada desde Andalucía dirigida a poner en valor la Constitución del 78 como norma de concordia, igualdad, progreso y solidaridad en el marco de un Estado Autonómico’.

Posteriormente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, debatirán sobre ‘La necesaria transformación del sistema judicial español y andaluz’ en una mesa redonda moderada por la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera.

La primera jornada contará también con el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que disertará sobre ‘Ética judicial y Estado de Derecho’ mientras que, ya por la tarde, profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía y la Procura, junto a responsables de la Consejería, analizarán en dos mesas redondas la ‘Valoración de las reformas legales en la Administración de Justicia’ y ‘El Plan Justicia 2030, de la Justicia de papel a la Justicia del dato’.

La mañana de la segunda jornada se centrará en analizar el nuevo modelo de Oficina Judicial y ‘La necesaria modernización del sistema procesal español’. Ya por la tarde, una mesa redonda sobre ‘Justicia y seguridad’ contará con el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; la jueza decana de La Línea de la Concepción, Alba Serrano; el fiscal jefe Antidroga, Fernando Bentabol; y el coronel de la Guardia Civil de Algeciras, Francisco Almansa. También se abordarán los retos que supone la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad para la Justicia, con magistrados y fiscales especializados en delitos tecnológicos.

El último día del curso se centrará en la atención a las víctimas y la “humanización” del sistema judicial, así como las vías alternativas para la resolución del conflicto como la mediación frente al “exceso de litigiosidad”, dos ámbitos en los que la Consejería de Justicia asegura que “está trabajando especialmente”.

Para ello, la presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona; el fiscal delegado de discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja; el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, debatirán en una mesa redonda sobre ‘La Justicia de las personas’.

Los ‘Medios alternativos de solución de conflictos’ centrarán otro de los coloquios en los que participarán el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández; el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Miguel Columna; las de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, Carmen Sánchez, y de Derecho Penal de la Universidad de Almería, Fátima Pérez; el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Jaén Rafael Cabrera; y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández.

El ex ministro de Justicia y presidente del Centro Español de Mediación, Rafael Catalá, será el encargado de impartir la ponencia ‘Abritraje y mediación’, tras la cual la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, María Teresa Otero, y el juez decano de Almería, David Villagrá, expondrán las conclusiones del curso, que clausurará la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera.

UN TERRITORIO CON 739 ÓRGANOS, 11.200 PROFESIONALES Y UNA “ALTA LITIGIOSIDAD”

Andalucía, con 739 órganos judiciales repartidos en 85 partidos judiciales, es el segundo gran territorio con competencias en materia de Justicia de España, competencias que ostenta desde 1997 y que son compartidas con el Gobierno central y el Consejo General del Poder Judicial. Cuenta con más de 11.200 personas entre jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y personal funcionario.

El volumen de trabajo, con la “segunda mayor” tasa de litigiosidad (156 asuntos por cada mil habitantes en 2023) y las “especiales características” por su situación geográfica “requieren un modelo específico de Justicia que transforme tanto las infraestructuras como la organización del trabajo interno”, ha afirmado la Consejería.

Para ello, desde este departamento expresan que están inmersos en un Plan Estratégico que incluye: un Plan de infraestructuras Judiciales, que movilizará 1.500 millones de euros hasta 2030 para actuar en el 100% de los partidos judiciales; la implantación de la Oficina Judicial, como paso intermedio ante los tribunales de instancia que se crearán con la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) que tramita el Congreso de los Diputados; un Plan de Humanización de la Justicia para hacerla “más accesible, sostenible y centrada” en el servicio a la ciudadanía; una progresiva digitalización, para pasar del papel al dato y “adaptar los juzgados al siglo XXI”; y una apuesta por la mediación como alternativa a la resolución de conflictos para “aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales”.


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