MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)
La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta ha puesto a disposición de la ONG Málaga Acoge un nuevo local que se adapta a las necesidades de la asociación una vez que ésta debe abandonar la sede que en la actualidad está ocupando en precario en la calle Ollerías.
Así lo han dado a conocer desde la Junta en un comunicado, en el que señalan que tras la salida a subasta del inmueble de Ollerías y su posterior adjudicación a la empresa ganadora de la subasta, la Junta, que lleva negociando con la ONG su traslado desde hace dos años, ha mantenido un continuo diálogo con la asociación y le ha ofrecido varias opciones de traslado a otros edificios de la ciudad.
Así, señalan que dicha negociación se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, que también ha ofrecido varios inmuebles a Málaga Acoge.
Tras varias negativas de la ONG a las opciones que se le planteaban, la delegación ha propuesto a la entidad su traslado a la calle Palestina, al edificio de la antigua gerencia de Urbanismo, que cuenta con la superficie y características que ha solicitado la asociación.
Según ha explicado el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos García, dicha propuesta ya se había puesto sobre la mesa hace unas semanas, al igual que la reunión fechada para este mismo jueves, agendada hace varios días y cuyo objetivo era acordar con Málaga Acoge su traslado.
El delegado ha señalado que, se subastara o no el inmueble de la Calle Ollerías, Málaga Acoge no podía seguir utilizándolo como sede, ya que dicha ocupación no estaba reglada. “De hecho, el edificio no contaba con la Inspección Técnica (ITE) necesaria ni con las condiciones técnicas y administrativas oportunas para ejercer su actividad en él”, apunta.
El delegado recuerda que la ONG no tenía título jurídico para ocupar el inmueble y explica que desde la Junta “lo único que se ha hecho es mostrar la mejor de las voluntades y, pese a que no es nuestra competencia, se ha trabajado para que Málaga Acoge cuente con un local de similares condiciones, eso sí, ya de forma reglada”.
Las casas de la calle Ollerías (que ocupa los números 13,15 y 17, número 4 de calle Eduardo Ocón) de Málaga eran propiedad de la Junta desde 2001 (la más antigua) y 2008 las últimas.
En ellas estuvieron los juzgados hasta que se trasladaron hace casi dos décadas. Después se trasladó allí Málaga Acoge, sin contar con título jurídico de cesión gratuita, contrato de arrendamiento o similar.
Dentro de la política de gestión del Patrimonio de la Junta, que está regulando y poniendo en valor inmuebles abandonados y en desuso hace años, la Dirección General de Patrimonio sacó a subasta el inmueble en la cuarta subasta abierta por la Junta de Andalucía el pasado 1 de febrero, cuyo plazo expiró el pasado 30 de abril, finalmente quedó adjudicado el edificio por 3,6 millones de euros (el precio de salida fue de 2,7 millones) a la empresa White.
ESTRATEGIA EN TORNO AL PATRIMONIO PÚBLICO
La Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, elevó a subasta las mencionadas instalaciones, en calle Ollerías, como parte de la estrategia de la para poner en valor en patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía.
No en vano, señalan que en 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta y su situación de hecho, y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno.
No existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió).
Asimismo, la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de Andalucía está requiriendo de una importante y compleja labor de regularización física y jurídica de los inmuebles dada la situación de abandono y falta de actuaciones que el patrimonio inmobiliario ha venido sufriendo durante décadas.
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, casi 130 millones de euros, además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios.
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