MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destina 2,5 millones de euros a 17 entidades locales de la provincia de Málaga para la financiación de 17 equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Así, está previsto que sean atendidas más de 1.000 familias y más de 1.900 menores malagueños gracias a este programa que cuenta en la provincia con 87 profesionales.
Desde la Junta en un comunicado han recordado que este martes el Consejo de Gobierno ha abordado la orden de la consejería relativa al reparto a entidades locales de la financiación de este ejercicio 2024 de este programa.
Esta financiación cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, según establece la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que recoge los 14,4 millones de euros a nivel regional para 94 entidades locales, entre las ocho diputaciones provinciales y 86 ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, para la financiación de 153 equipos de tratamiento a familias menores en situación de riesgo o desprotección.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.
Como novedad para el presente año, han precisado, se amplía el número de equipos de tratamiento familiar de las Diputaciones Provinciales de Córdoba, Jaén y Málaga.
En la actualidad, en Andalucía estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 487 profesionales de las disciplinas de psicología, trabajo social y educación social y 94 personas coordinadoras que actúan en 86 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales, con el fin de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
Con una trayectoria de más de 20 años de existencia, los equipos de tratamiento familiar han atendido una media anual de aproximadamente unas 5.700 familias y 11.100 menores en toda Andalucía, evitando, con las intervenciones llevadas a cabo, la separación de los menores de su entorno familiar en más del 80% de los casos.
“Estos datos avalan la necesidad de apoyar y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, han apuntado.
“PIEZA CLAVE EN LA PROTECCIÓN”
La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sarabia, ha señalado que los equipos de tratamiento familiar “son una pieza clave del sistema de protección de los menores”, y así aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a esos menores y detectar aquellas situaciones de riesgo que comprometen su bienestar”.
Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha reiterado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”.
“Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha añadido.
Estas transferencias se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.
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