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La Junta defiende la corresponsabilidad para corregir la ausencia de mujeres en puestos de responsabilidad en el sistema judicial

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MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido que la conciliación de la vida laboral, personal y familiar es “una obligación” que debe ir unida a la corresponsabilidad para que las mujeres “no soporten una doble carga de trabajo fuera y dentro de casa” y corregir, así, “la anomalía” que se da en ámbitos como la Administración de Justicia, un sector muy feminizado en el que sin embargo “en los puestos directivos hay más hombres que mujeres”.

Nieto ha inaugurado en Málaga las III Jornadas ‘Mujeres que nos inspiran en Defensa de la Igualdad’, organizadas por la Consejería en el marco de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, junto con la delegada del Gobierno andaluz de Málaga, Patricia Navarro. La conciliación y la corresponsabilidad es el tema central de esta tercera edición, que se celebra en el Colegio de la Abogacía de Málaga, el único de Andalucía con una decana al frente, Flor Carrasco.

Carrasco es una de las ponentes de las jornadas junto a la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza; la presidenta de la Audiencia provincial, Lourdes García; y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, la catedrática de Derecho Administrativo Isabel González.

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El consejero ha alabado a las cuatro porque “dieron un paso adelante y se atrevieron a romper el techo cristal”. “Eso merecía un reconocimiento”, ha defendido, de ahí la elección de Málaga para esta tercera edición de las jornadas que anteriormente se celebraron en Granada y Córdoba.

“La Justicia es femenina, tiene un enfoque claramente femenino y cuando lo gestionan mujeres da buenos resultados”, ha subrayado Nieto, quien ha puesto como ejemplo que en su equipo directivo de la Consejería ellas son mayoría, desde la viceconsejera, Ana Corredera –encargada de clausurar las jornadas– hasta la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa –moderadora de la mesa redonda-, la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila, y la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos, Carmen Navarro.

No obstante, ha reconocido que, pese a que “el símbolo de la Justicia es una balanza, está no siempre ha funcionado en lo que a igualdad se refiere y las mujeres han estado fuera del foco durante mucho tiempo”.

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El consejero ha hecho hincapié en que “en los últimos años la presencia femenina es positivamente avasalladora” en el sistema judicial. En la última promoción de jueces, el 80% son mujeres y según el último dato publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 54,1% de la carrera judicial está integrado por juezas, “pero en los puestos directivos hay más hombres que mujeres, tenemos que ir corrigiendo esa anomalía”, ha afirmado.

De hecho, aunque la mayoría femenina es una realidad desde hace años, hasta 2024 ninguna mujer ha estado al frente del CGPJ. También entre los profesionales de la Abogacía y la Procura hay mayoría de mujeres, si bien Flor Carrasco es la primera decana de un Colegio de Abogados en Andalucía. Y entre el personal funcionario de los juzgados, el 68% son mujeres, pero hasta hace un año no se había hecho nunca un Plan de Igualdad de la Administración de Justicia.

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Este I Plan de Igualdad, aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno, incluye medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para promover la corresponsabilidad, protocolos de actuación ante casos de acoso laboral y sexual, violencia de género, aborda la prevención de la salud laboral con una perspectiva de género y fomentando la formación en materia de igualdad entre el personal.

“No todo es desarrollo profesional, tenemos que desarrollarnos como personas, ocuparnos de otras facetas distintas, pero esa carga no puede caer en las mujeres, por eso unimos la conciliación a la corresponsabilidad”, ha añadido Nieto.

Además, ha incidido en que desde las administraciones públicas “es una obligación promover y facilitar la conciliación”, si bien, ha añadido, “necesitamos recursos y aunque en Andalucía estamos mejorando en PIB, los recursos que generamos todavía no nos permiten atender todas las demandas que recibimos”.


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