MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Medio Ambiente contabilizó al menos diez demoliciones de construcciones ilegales en 2023, año en el que inició un total de 133 diligencias de investigación por delitos relacionados con este área, sobre todo, precisamente por delitos contra la ordenación del territorio.
Así consta en la memoria de la Fiscalía correspondiente al año pasado, consultada por Europa Press, en la que se precisa que el número de sentencias dictadas por los juzgados y salas de la Audiencia es similar al del año anterior, un total de 67, de las que 55 fueron condenatorias y 12 absolutorias.
De ese total, el mayor número de sentencias condenatorias se corresponde a delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo (23), seguida de delitos contra la flora y fauna (18), todas ellas condenatorias, señala el documento.
Según indica el fiscal delegado de este área, Fernando Benitez, en la memoria, “el gran problema de la ejecución de sentencias de la especialidad sigue siendo el de llevar a cabo las demoliciones ordenadas en el fallo condenatorio”. Las diez demoliciones contabilizadas fueron ejecutadas por el propio penado, precisa la memoria.
En este punto, el representante del ministerio fiscal señala, como en casos anteriores, “la escasa colaboración de las administraciones y, particularmente, de los ayuntamientos, en la ejecución de las resoluciones firmes de demolición”.
Al respecto, indica que “una de las estrategias más utilizadas por las defensas para evitar la demolición es la de obtener en vía administrativa la declaración de asimilado a fuera de la ordenación de la construcción ilegal, ocultando la existencia de sentencia firme con condena a la demolición”.
Así, asegura que son “numerosas las resoluciones de las distintas secciones de esta Audiencia Provincial donde se ha obtenido pronunciamiento favorable a las pretensiones de esta sección, negando rotundamente que sea admisible la declaración de asimilado a fuera de la ordenación como medio para evitar la demolición ordenada en sentencia penal firme”.
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a las diligencias de investigación, según consta en la memoria, de los 133 casos incoados el pasado año por el fiscal, 63 fueron por delitos urbanísticos. En este apartado, por delitos contra la ordenación del territorio se presentaron 50 querellas o denuncias por parte del fiscal y ocho diligencias fueron archivadas.
Por número, le siguen las diligencias por maltrato animal, con 31 procedimientos de investigación del fiscal y en 29 de ellos se presentó denuncia o querella; mientras que dos fueron archivados por no constituir delito; y 21 casos por delitos contra la flora y la fauna, de los que 18 terminaron con la presentación de una denuncia y tres fueron archivados.
También se iniciaron once investigaciones del fiscal relacionadas con el medio ambiente, cinco por delitos contra el patrimonio histórico y dos por incendios forestales –y ambas fueron archivadas–. Hay nueve diligencias de este tipo de 2023 pendientes de resolver.
En este apartado, el fiscal delegado del área destaca, como en años anteriores, “la buena labor” desarrollada por el equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, así como las distintas patrullas de este servicio especializado de otras localidades de la provincia, “con apoyo y dirección de esta sección”.
Así, señala esta colaboración “particularmente en materia de maltrato animal, protección de flora y fauna y delitos contra la ordenación del territorio”, aunque también ha destacado la labor investigadora realizada en estas materias y, en particular, en la persecución de delitos urbanísticos del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga (Grupona).
También subraya “el buen trabajo en delitos contra la flora y fauna y, particularmente, incendios forestales, desarrollado por los agentes de Medio Ambiente”.
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