MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano en Málaga, Salvador González, ha pedido a la política “que sea capaz de tejer acuerdos de Estado que hagan posibles esas reformas estructurales que son indispensables para traer a nuestra justicia eficacia, eficiencia, agilidad y calidad”; así como una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, más inversión y unas jubilaciones “dignas” para los letrados.
“Los colegios y consejos de la Abogacía no estamos en la política, no aprobamos presupuestos públicos, no hacemos leyes, pero nuestra presencia y nuestra reivindicación es insustituible a la hora de exigir recursos y legislaciones responsables que cuiden el derecho de defensa, que respeten a nuestra profesión y que proporcionen una justicia a la altura de los retos que nos plantea este impredecible y efervescente siglo XXI”, ha dicho González.
En su intervención en la inauguración del 19 Congreso de la Abogacía de Málaga, que se celebra en la localidad malagueña de Marbella, González ha asegurado que la profesión “sabe la importancia capital que tiene en un Estado de Derecho contar con arquitecturas normativas sólidas y solventes que transmitan certidumbre y confianza”, por lo que ha incidido en que desde los colegios y los consejos de la abogacía están “redoblando esfuerzos para exigir a los poderes públicos lo que demanda este tiempo complejo”.
“Responsabilidad, altura de miras y sensibilidad ante los problemas que, como los de la justicia, necesitan de soluciones inaplazables”, ha dicho el presidente del CGAE, quien ha precisado que la realidad y los datos “urgen” a esos cambios, con una litigiosidad que “sigue aumentando, terminando 2023 con 3,7 millones de asuntos ingresados en los órganos judiciales de España, casi un 5% más que el año anterior” y un incremento por encima del 20% en el primer trimestre de 2024.
Al respecto, ha asegurado que “la sobrecarga de trabajo de los jueces se sitúa en máximos históricos” y ha recordado que el propio Poder Judicial “señalaba este verano que para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos la actual planta debería incrementarse con 421 nuevas unidades judiciales imprescindibles” y “123 prioritarias para no alcanzar el colapso”.
Sin embargo, ha dicho, “el último real decreto que supuso la creación de unidades judiciales de diciembre del año pasado contemplaba la apertura de tan solo 36 juzgados”; “es decir, un 30% de los absolutamente prioritarios en España. Las cifras hablan por sí solas”.
Asimismo, ha reclamado a las administraciones competente que en los presupuestos “la justicia debe ser protagonista en términos de recursos, medios y prioridades”. “No hay gasto más social ni comprometido en términos democráticos que la inversión en justicia, sobre todo cuando hablamos de los más vulnerables”, ha señalado González, punto en el que ha aludido a la asistencia jurídica gratuita, el Turno de Oficio, “orgullo de nuestra profesión y de nuestro Estado de Derecho”.
En este punto, ha reconocido “los esfuerzos presupuestarios que se vienen realizando desde la Junta de Andalucía para la actualización de los baremos”, pero ha asegurado que esto es algo que “no nos atañe solo a nosotros, nos implica a todas las comunidades y a toda España”.
“Por eso es tan necesaria una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que garantice, entre otras cosas, más recursos, la actualización de indemnizaciones, más agilidad en los pagos, más especialización, extensión de los servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas”, ha expresado, aunque ha considerado “aún más urgente esa actualización de baremos en el llamado territorio común con independencia de que en 2025 haya o no presupuestos”.
Asimismo, ha resaltado la implicación “a fondo para conseguir, como con razón reclaman muchos compañeros y compañeras mutualistas, unas condiciones dignas de jubilación para todos nuestros profesionales”; algo que es “una urgencia que por justicia social debería resolverse siempre desde una perspectiva constitucional”.
También ha instado a que “vea pronto la luz en el BOE la ley orgánica del derecho de defensa, con la que nuestro país podrá al fin cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y solucionar, entre otras cuestiones, la problemática que están generando las limitaciones de competencia a nuestros criterios de honorarios a efectos de costas y jura de cuenta”, aludiendo a “llevar más defensa y garantías jurídicas a los más vulnerables”.
González se ha referido a “seguir avanzando en conciliación y desconexión digital” y a la apuesta “por una justicia tecnológica, pero asegurando también proximidad a la ciudadanía y a los territorios, desde los partidos judiciales”, para que, ha apuntado, “la innovación no sea nunca una barrera en el acceso a la tutela judicial efectiva”. También ha hablado de “extremar las garantías del derecho de defensa en nuestras normas, en todas, incluida en el proyecto de ley que crea la llamada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, al que la Abogacía Española ya ha mostrado su rechazo”.
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), Federico Fernández, ha asegurado que la Abogacía no olvida su “responsabilidad social”, porque “no solo debe ser defensora de los tribunales, sino también en el tejido social, colaborando para construir una sociedad más equitativa y justa”, ha dicho.
“Pero también nuestros gobernantes deben entender que la Abogacía también necesita justicia y por eso estamos reclamando la necesidad imperiosa de tener unas prestaciones de jubilación justas”, ha manifestado Fernández, quien ha reivindicado, igualmente, un Turno de Oficio “que esté retribuido justamente”.
Ha reconocido que en Andalucía “ha habido mejoras en la retribución del turno con la entrada en vigor este año de los nuevos baremos y el pasado año de la orden de asistencia”, pero ha dicho que “esto no es suficiente”. “Este año se deben de mejorar las mismas porque la Abogacía no puede consentir, como ocurrió en el pasado, que una orden estuviera sin modificar durante 15 años”, ha apostillado, apostando por la actualización “periódicamente”.
“Le pedimos a nuestros dirigentes andaluces que realicen los esfuerzos necesarios para que el baremo de retribuciones se actualice y aumente hasta que nos coloque en el lugar que por categoría y valor nos corresponde”, ha asegurado el presidente del colegio andaluz, quien, no obstante, ha agradecido al consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto, presente en el acto “las mejoras habidas, la prontitud en el pago y, sobre todo, su apoyo constante a la Abogacía andaluza”.
Así, ha mostrado “solidaridad con los compañeros del llamado territorio ministerio o territorio común en sus reclamaciones de mejoras en la retribución del turno y en el retraso de los pagos que sufren”.
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