MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha acogido este lunes la primera sesión del juicio al exdecano de la Abogacía malagueña Francisco Javier Lara por un delito de desobediencia en relación con un servicio de guardia a detenidos en el estado de alarma por COVID, el cual ha negado los hechos y ha dicho que solo se pretendía prestar la asistencia y “defender las medidas para garantizar nuestra salud”.
La Fiscalía pide el pago de una multa de 5.400 euros, por los hechos ocurridos el día 6 de mayo de dicho año durante la guardia del Juzgado de Instrucción número 10, que requirió la presencia letrada al haber cuatro detenidos. La acusación entiende que Lara actuó por “una decisión personal” e “incumplió” el requerimiento judicial, lo que motivó la puesta en libertad de los arrestado.
Más de un centenar de abogados se han acercado a la Ciudad de la Justicia para mostrar su apoyo al exdecano, quien ha rechazado todos los extremos de la acusación pública y ha asegurado que no tuvo voluntad de incumplir ningún mandato judicial y que no es cierto que actuara movido por un interés personal ni de forma unilateral; “jamás he tomado una decisión por la junta de gobierno” colegial.
Además, ha aseverado que “de ninguna manera” tuvo una conducta obstructiva; sino que por parte del colegio se pidieron medidas para la asistencia con todas las garantías sanitarias, por vídeoconferencia, de forma que aunque fueran presenciales, no hubiera contacto físico directo.
“El Colegio de Abogados decidió que el bien jurídico a proteger era la salud, la vida de los letrados de Málaga”, ha asegurado Lara, quien ha declarado –no ha contestado las preguntas del fiscal– que la junta de gobierno se reunía “todos los días” en ese momento, incidiendo en que tenían “muy claro que ese servicio constitucional se tenía que prestar”.
Ha hecho hincapié en el momento de “histeria colectiva” y el ambiente de “incertidumbre y angustia generalizada” de mayo de 2020 debido al coronavirus y ha incidido en que ese día se contestó al requerimiento de la jueza trasladándole el protocolo de actuación, además de que todos los abogados que estaban de guardia estaban informados de lo que pasaba a través de un chat.
Ha explicado que ningún juzgado pedía un listado de los letrados de guardia, como hizo este, “por eso ya nos sorprendió”; y que muchas veces para que no hubiera un contacto directo, el magistrado dejaba su despacho para las entrevistas con los detenidos, aunque ha dicho que en esa guardia desde el entorno del juzgado les llegó lo contrario.
Según el fiscal, el juzgado llamó al Colegio de Abogados para informar que había cuatro detenidos para que acudieran abogados a prestar la asistencia letrada y en esa llamada la institución informó de que desde ese día no se iba a prestar servicio presencial sino por videoconferencia, facilitándose un correo electrónico, pero no los nombres de los letrados de guardia.
La acusación pública sostiene que la magistrada dictó una resolución instando al colegio a que diera los nombres de los abogados de guardia o les comunicaran que debían comparecer “a la mayor brevedad posible” y que a “consecuencia de no haber recibido comunicación alguna, no habiéndose personado letrado para asistir a los arrestados, el juzgado puso en libertad a los cuatro detenidos”.
Esta magistrada ha declarado como testigo en el juicio y ha negado que desde el juzgado o por su parte se dijera que ese día la asistencia fuera en los calabozos. “Yo no di ninguna consigna de cómo se iba a hacer la guardia”, ha dicho, incidiendo en que fue “una decisión unilateral” por parte de Lara el que no fueran los letrados, mientras que todas las demás partes sí estaban; lo que motivó que tuviera que dejar a los detenidos en libertad.
En esta sesión también han declarado otros testigos y está previsto que el juicio continúe este miércoles, cuando quedará visto para sentencia.
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