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En Diputación, Málaga defiende la educación pública como garante del derecho universal a educación en igualdad

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MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

El grupo de Con Málaga en la Diputación de Málaga ha presentado una moción para su debate en la comisión informativa de ciudadanía en defensa de la educación pública como “garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad”.

Así, instan a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “para que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública”.

También en la iniciativa pide a la Junta que, “en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes”, además de establecer “los mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada”.

En otro de los puntos de la moción de Con Málaga instan a la Junta a que “se asegure la extensión de la oferta de las familias de FP en la provincia de Málaga, poniendo freno a la progresiva privatización y encarecimiento de estas enseñanzas” en los municipios.

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También instan a la Consejería de Desarrollo Educativo a “la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, pues aumenta las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación”, así como a “que, mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación al menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública”.

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha incidido en que ante el inicio del proceso de escolarización “se hace más necesario poner en valor el sistema público educativo como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad”.

“El mejor colegio es el que integra a todos los niños y niñas, el que no discrimina ni por sexo, ni por condición socio-económica, ni por necesidades educativas”, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que “la escuela pública atiende a la diversidad, lo que supone un esfuerzo para la escuela, pero también proporciona una experiencia vital a nuestros hijos e hijas”.

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En la moción, consultada por Europa Press, Con Málaga subraya que en la escuela pública “se valora el esfuerzo por aprender, independientemente de la procedencia socioeconómica de los pequeños y pequeñas. La escuela pública es creativa e innovadora”.

De igual modo, tras valorar la labor de los profesores, inciden en que “la escuela pública no ofrece solo pluralidad, diversidad o participación”. “La escuela pública ofrece calidad”, han subrayado.

Por otro lado, han señalado que, de acuerdo con el mandato constitucional, “corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho universal a la educación no solo mediante la correspondiente planificación de la enseñanza, con participación de la comunidad educativa, sino también la de crear centros docentes públicos que permitan hacer efectivo el mencionado derecho”.

“La educación pública, de titularidad y gestión pública, es y debe ser, por tanto, la garante de la equidad y la cohesión social, en tanto que ha de asegurar el ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, recuerdan.

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Añaden, asimismo, que el sistema mixto, “educación concertada combinado con el público, basado en conciertos económicos con centros educativos privados, la mayor parte de ellos vinculados a la Iglesia Católica –en España, se creó en el año 1985, para garantizar la escolarización de toda población–, con el paso del tiempo se ha demostrado como generador de problemas de equidad”.

Por último, y por otro lado, añaden, “en contextos de creciente diversidad religiosa y cultural, el predominio de los proveedores religiosos vinculados a unas pocas confesiones resulta cada vez más difícil de reconciliar con los principios de la cohesión social y un trato igualitario que las administraciones públicas deberían conceder a todos sus ciudadanos”.


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