MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)
El Grupo Popular presentará una moción en el Ayuntamiento de Málaga para reclamar al Gobierno central que la reforma de la ley en materia de dependencia que se apruebe esté acompañada de una memoria económica y conlleve un incremento de la financiación estatal.
Como recuerda la formación en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Al respecto, el PP sostiene que “una vez más, asistimos a la venta política de una modificación legal que, en teoría, va a ampliar los derechos de las personas en situación de dependencia pero que, en la práctica, corre el grave riesgo de quedarse en papel mojado ya que carece de una memoria económica que garantice la financiación necesaria para llevarla a término”.
En concreto, la actual Ley de Dependencia ha cumplido 18 años y la reforma planteada por el Ejecutivo establece varias novedades: la teleasistencia como un derecho subjetivo, de modo que si una persona lo solicita y se le deniega puede exigirlo amparándose en la ley; la ampliación de las prestaciones a cuidadores tanto del entorno familiar como relacional, y la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.
“Es obvio que todo lo que sean derechos para personas que necesitan una especial atención son bienvenidos, pero también parece obvio que no es ético generar expectativas incumplibles hoy en día en un colectivo que, de por sí, ya está especialmente castigado”, relata el texto presentado por los ‘populares’.
También se hace eco de una información del diario ‘El País’ de fuentes del Gobierno, que afirma que “la ley y los reglamentos que de ella se derivan establecen un mínimo de calidad, intensidad o ratios para las prestaciones y servicios que garantiza una igualdad de derechos a nivel estatal, pero son las comunidades autónomas las que concretan si incrementan o no las cuantías y calidades”.
“Es decir, una vez más, el Gobierno realiza un anuncio a bombo y platillo pero es incapaz de garantizar que la ampliación de derechos prometida se puede llevar a cabo en la práctica porque sitúa la pelota en el tejado de las autonomías”, reprocha el PP.
Además, refiere que desde la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales “han publicado varios comunicados de prensa en las últimas semanas en los que lamentan que se creen falsas ilusiones y expectativas en personas que lo están pasando tan mal, anunciando una reforma que les va a reconocer nuevos derechos, cuando ni en 2024 ni en 2025 el Gobierno central ha aprobado ningún incremento presupuestario, no ya para avanzar en estos nuevos derechos, sino siquiera para cumplir, después de 18 años de vigencia, los que la actual Ley ya reconoce”.
En concreto, el grupo municipal solicita al Ayuntamiento la adopción de cuatro puntos, como la declaración de que el Consistorio “apoya el reconocimiento de más derechos a las personas en situación de dependencia, pero lamenta que el Gobierno central utilice esta causa para hacer propaganda política y quiera aprobar una nueva ley cuyos compromisos no vienen aparejados de financiación y son, por tanto, papel mojado”.
El segundo de los puntos indica que la Corporación municipal “lamenta que el Gobierno central no haya incrementado ni en 2024 ni en 2025 el presupuesto destinado a la dependencia tal y como denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales”.
Con el tercer punto de la moción el Ayuntamiento pretende instar al Gobierno de España “a que la nueva ley en materia de dependencia que se apruebe esté acompañada de una memoria económica y conlleve un incremento de la financiación estatal a la dependencia, para garantizar que las autonomías pueden realizar una correcta aplicación de la misma y los derechos de las personas en situación de dependencia quedan atendidos”.
Por último, el Ayuntamiento de Málaga reclama “tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía llevar a cabo las mejoras necesarias en el sistema de atención a personas con dependencia de modo que se simplifiquen los procesos para dar cobertura a la situación actual, que los recursos de asistencia y plazas públicas de residencia sean de respuesta inmediata y que se refuercen los servicios sociales municipales con financiación”.
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